El equipo de gobierno de la Pobla Llarga también ha encontrado una multa de 12.000 euros por una infracción tipificada en un artículo de la ley valenciana de residuos de la Comunidad Valenciana que el anterior gobierno del PP no pagó. Según el ayuntamiento, el 23 de mayo de 2013 se le requirió a la Pobla el abono y dos meses después se le impuso una primera multa coercitiva de 1.000 euros. El 31 de enero de 2014 se volvió a comprobar por parte de la Generalitat que no se había cumplido la obligación de restaurar ambientalmente una actuación y se impuso una segunda multa coercitiva de 1.000 euros más. Todo ello ha salido a la luz después de comprobar que el ayuntamiento no podía recibir ninguna subvención al no estar al corriente de multas, al igual que hace unas semanas se descubrió que no se podía recibir ninguna subvención al no estar al corriente en hacienda para no pagar el IVA por la venta de un solar.
«La situación es muy complicada en nuestro ayuntamiento, no hay día que no tengamos que dar solución a algún problema de legislaturas anteriores», asegura el teniente de alcalde, Ximo Vidal, que se ha encontrado varias sentencias pendientes de pago de los anteriores gobierno del PP.
