El pleno del Ayuntamiento de Guadassuar, gobernado por Compromís tras más de dos décadas de gestión del PP, ha aprobado la incautación de los 300.000 euros que la mercantil Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum SLU, ligada a la familia Suñer, depositó en una entidad bancaria cuando asumió la condición de agente urbanizador del polígono Garrofera II.
El pleno ha aprobado por mayoría absoluta resolver aquella adjudicación y acuerda desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil. Además, el ayuntamiento concluye, con los informes técnicos e incluso el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha quedado acreditado el incumplimiento «culpable» por inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos o el incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador.
De ese modo aprueba incautar la garantía provisional depositada por Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU por importe de 300.000 euros en la oficina del Banco de Valencia, hoy Caixabanc, y reclamar los daños y perjuicios imputables a la empresa por el freno a la urbanización.
Dinero de las arcas públicas
El alcalde confirmó que se ha aprobado la incautación, pero prefirió no dar detalles porque el contencioso aún está pendiente de resolver en los tribunales.
Con todo, el ayuntamiento considera que ese dinero corresponde a las arcas públicas porque existía base legal suficiente para la incautación.
Según ha sabido este diario, la empresa recibió la encomienda para urbanizar el polígono de la Garrofera, el más cercano a la pedanía de Montortal, en l'Alcúdia, con el anterior gobierno de José Ribera (PP). Sin embargo, la asunción de los trabajos coincidió en el tiempo con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Guadassuar. La empresa alegó que eso suponía un cambio sustancial en las condiciones del acuerdo y renunció a seguir como agente urbanizador por lo que abandonó la actividad en este sector. Además reclamó al ayuntamiento el pago de un millón de euros pendientes.
Pago de 800.000 euros
Fuentes conocedores señalan que el anterior gobierno abonó 800.000 euros por unos primeros trabajos, una cantidad que el nuevo gobierno considera que tampoco debió abonarse. El nuevo ayuntamiento cree que el trabajo no está realizado por lo que ese dinero también corresponde a las arcas públicas. Defienden además que es mucho dinero para un ayuntamiento endeudado que tiene que amortizar cada año 700.000 euros en planes de ajuste.
