La continuidad del juzgado de lo penal en Alzira vuelve a estar en el aire. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe favorable al traslado a Valencia capital de las tres salas desplazadas -Alzira, Torrent y Paterna- al considerar que esta descentralización «se ha demostrado poco eficaz».
La carga de trabajo que soportan estos juzgados y, en particular, el de Alzira -que atiende también los partidos judiciales de Xàtiva y Ontinyent- es muy superior a la del resto de juzgados de lo penal de Valencia ciudad y, según expone el informe fechado el pasado 14 de septiembre, la distancia física impide un reparto del exceso entre otros órganos «lo que deriva en un mayor tiempo de respuesta y un incremento de pendencia que genera una mayor dilación a la hora de dar respuesta a loa ciudad ciudadano».
El Colegio de Abogados de Alzira, que ayer distribuyó este informe entre los profesionales, ya ha expresado su rechazo frontal a esta medida, que ya se planteó hace un par de años. La presión ejercida entonces por los ayuntamientos y los profesionales para evitar la supresión provocó que se acordara trasladar a Valencia las ejecutorias desde el 1 de julio de 2014 en un intento de aliviar la carga de trabajo que soportan.
El decano del colegio, Antonio Llácer, alertó ayer de que trasladar este juzgado a Valencia «supone de nuevo alejar la justicia penal de los municipios» con el agravante de los desplazamientos de ciudadanos, testigos, peritos y fuerzas de seguridad que generan «molestias, gastos y pérdida de tiempo» y anunció que buscará el apoyo de los ayuntamientos de la Ribera, la Costera y la Vall d'Albaida para que el Consejo General del Poder Judicial no contemple finalmente esta propuesta.
Llácer lamentó profundamente haber tenido conocimiento de que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, está a favor de esta propuesta que, en la misiva remitida a los colegiados, no duda en calificar de «descabellada» y señaló que los argumentos que expone el informe «son bastante peregrinos».
El Servicio de Inspección analiza la carga de trabajo de las diferentes salas de lo penal y señala que si en el caso de procedimientos abreviados ésta se situó durante 2014 en los juzgados de Valencia en 6.138 asuntos, lo que supone una media del indicador del 124 % en cada uno de ellos, este mismo concepto se dispara hasta el 210 % en el juzgado de lo penal de Alzira.
Ya en 2013 los profesionales afectados defendieron que la solución no pasaba por el traslado sino por dotar de más medios a este juzgado. El informe propone el traslado a Valencia de las tres salas desplazadas, la creación de un nuevo juzgado de lo penal en la capital y de un servicio común de ejecutorias penal o, en su caso, la creación de un quinto juzgado de lo penal de ejecutorias.
Cabe señalar que la sala de lo penal de Alzira estaba pendiente de un traslado a un local con mejores condiciones. El ayuntamiento había ofrecido una planta del rehabilitado edificio de la Parrilla.
