El Ayuntamiento de Alzira no retirará la multa de 200 euros que le impuso en 2014 a José Ramón Hernandis, Defensor del Discapacitado de Albalat de la Ribera, por aparcar en una plaza reservada para minusválidos.
Desde el consistorio defendieron ayer que Hernandis utilizó una tarjeta fotocopiada y, según las ordenanzas municipales, debe usarse el documento original. La Administración Local dice ser tajante para evitar situaciones irregulares. Y, como ejemplo, fuentes municipales señalaron que en 2014 la Policía Local de Alzira retiró 185 tarjetas fotocopiadas.
Hernandis había presentado una reclamación ante el Síndic de Greuges y éste instó a Alzira a que retirara la denuncia. Pero el ayuntamiento interpuso un recurso explicando que el Defensor del Discapacitado de Albalat había infringido las ordenanzas municipales al utilizar una fotocopia y el Síndic archivó el procedimiento, según aseguraron ayer desde el ayuntamiento.
Versiones opuestas
La denuncia se impuso el 5 de marzo de 2014 por haber aparcado el vehículo adaptado en una de las plazas reservadas del Hospital de la Ribera cuando Hernandis tuvo que ser ingresado por una grave afección. El afectado insistió ayer en que el documento era original y, según recalcó, la Policía Local no tuvo en ningún momento el documento en sus manos para poder cotejarlo correctamente.
«Es la palabra de ellos contra la mía», decía ayer Hernandis, que a continuación se preguntaba «¿Dónde está la concienciación social?» de la Administración Local. Este vecino también explicó que su único objetivo era que "se hiciera justicia social" y, en caso de que le hubiesen perdonado la multa, habría destinado el dinero a una asociación de minusválidos.
Además, en el escrito del Síndic de 2014 se señala que no existe ninguna norma con rango de ley que contemple como infracción administrativa la colocación de una fotocopia de la tarjeta de movilidad reducida, «por lo que resultaría improcedente la imposición de la multa» dice el Síndic.
Cuando se le impuso la denuncia en 2014, Hernandis presentó alegaciones pero éstas fueron desestimadas por el consistorio. El afectado interpuso entonces un recurso de reposición, pero éste también fue rechazado. Todo esto empezó durante el mandato de la exalcaldesa, Elena Bastidas y Hernandis acabó pagando la multa. Pero con la entrada del nuevo gobierno local tenía la esperanza de que se le perdonara la sanción, como hizo en un caso similar el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Por eso, había solicitado la condonación de la deuda.
