Trascurridos bastantes años desde la aprobación en referéndum de la Constitución el 6 de diciembre de 1978 cabe hacer un alto en el camino para poner en valor lo conseguido y recordar que después de 40 años de dictadura, al amparo de esta Constitución hemos podido situarnos al lado de las democracias europeas y pertenecer al mundo de los países libres. No hay Constitución democrática que no se pueda renovar, reformar y adaptar a su tiempo. Por ahí parece ser que anda el debate en la sociedad, y sería una torpeza inútil ignorar la necesidad de reforma que precisa el Estado Social, Democrático, y de Derecho.
Formamos parte de la UE, vivimos en la globalización de la economía, las nuevas tecnologías han trasformado el mundo, tenemos más compromisos internacionales, y hoy la mayoría de nuestros jóvenes se sienten alejados de aquella Constitución que diseñó nuestro mapa territorial y la división de poderes. Pero, hoy en día existen nuevas realidades sociales, políticas, culturales y económicas que distan mucho de la España de 1978.
España necesita readaptar y dimensionar de cara al futuro su estructura territorial. Aún reconociendo que somos uno de los países más descentralizados del mundo nuestra estructura territorial debe de ir incorporando el federalismo. El debate de la calle, de la gente de a pie, a mi parecer esta divorciado con la inmovilidad y la constante negación sobre la posible reforma Constitucional. Una Constitución que ya ha sido reformada en bastantes artículos, y, llama significativamente la atención el cambio del articulo 135 impuesto por el FMI y la Comisión Europea aceptado por PSOE-PP sin debate social, deprisa y corriendo anteponiendo las razones de deuda y déficit por encima de las políticas sociales y el bienestar de las personas.
La Constitución del 78 se basó en un amplio consenso social y político. Hoy los cambios también tienen que ser precedidos por los consensos necesarios para articular un nuevo acuerdo constitucional. Si en algo se tiene que incidir es sin duda alguna en el derecho de los ciudadanos a ser tratados por igual, y en donde los derechos sociales y laborales estén garantizados. Hoy no es así, asistimos a miles de desahucios, la sanidad ha perdido su universalidad, la Educación y los Servicios Sociales no ocupan el lugar preferente, y vemos cada día como el mercado ocupa espacios propios del Estado. Así, el derecho al trabajo digno esta pisoteado, el derecho a una vivienda digna no existe, y las prestaciones sociales son de las más bajas de Europa. Hace falta un cambio que alumbre un nuevo marco de convivencia democrática.
No es una cuestión capital en estos momentos el debate sobre el modelo de Estado, sin embargo si lo es todo el capítulo dedicado a los derechos fundamentales, a la calidad de nuestra democracia, a que el Senado se convierta en una cámara de representación territorial, y a que la Justicia no este alejada de los ciudadanos. Diálogo, debate, negociación y consenso tres conceptos propios de las democracias avanzadas elementos imprescindibles para tejer de nuevo una democracia de los ciudadanos basada en un nuevo Contrato Social.
