Los alcaldes de l'Alcúdia y Benimodo, Andreu Salom y Francisco Teruel, participaron ayer en la presentación de las alegaciones contra la planta de residuos sanitarios y otros residuos peligrosos que la empresa TMA del grupo Sánchez quiere instalar en el polígono de la Garrofera de Guadassuar. En el acto también participaron el concejal de Medio ambiente de l'Alcúdia, Paco Sanz, la representante de la Plataforma Stop Residuos Peligrosos, Elisa Puchol y los redactores de las alegaciones, el abogado Jose Luis Romero y el ecologista Carlos Arribas. Romero indicó que el Estudio de Impacto Ambiental no recoge el estudio de alternativas, lo cual supone que la actuación tendría que ser considerada nula de pleno derecho. Por otra parte la situación urbanística es un requisito imprescindible, y si bien, el anterior Ayuntamiento de Guadassuar le otorgó la compatibilidad urbanística al polígono de la Garrofera, la realidad es que materialmente el suelo no se puede considerar como urbano industrial, sino como no urbanizable, puesto que el polígono no está urbanizado ni dispone de agua potable, alcantarillado, accesos o estación depuradora.
No hay urbanizador
De hecho no hay urbanizador ni proyecto de urbanización, y tampoco está previsto en un futuro inmediato. Con este panorama la Conselleria tendría que rechazar este proyecto, según los convocanets del encuentro de ayer. El ambientalista Carlos Arribas se refirió a la complejidad de una planta con cinco actividades distintas y que trataría o transfería 43 millones de toneladas anuales de residuos peligrosos.
Por otra parte se ha puesto de manifiesto el peligro que tendría la población de la pedanía de Montortal el tránsito de productos peligrosos y se anunció una convocatoria para finales de mes en la que se rechazará esta planta y el vertedero de rechazos.
