La crisis económica ha supuesto un auténtico terremoto en la mayoría de estamentos públicos. Pero no en todos. Los alcaldes y alcaldesas han aceptado, mayormente con deportividad, las nuevas exigencias provocadas por la crisis económica y la mayor movilización ciudadana. Algunos de los sueldos que aprobaron los consistorios durante la época de bonanza para los primeros ediles eran desproporcionados, con casos que llamaban la atención por ser incluso insultantes. Sin embargo, dentro de los ayuntamientos continúan existiendo cargos que disfrutan en la actualidad (la crisis, recordamos, empezó a mostrar sus garras ya en 2007) de retribuciones situadas muy por encima de las que reciben los altos responables políticos justo en un escenario de cientos de desahucios, casos de pobreza extrema y niveles de desempleo desbocados. Nos referimos a los secretarios municipales. Levante-EMV ha constatado la existencia de localidades de pequeño y mediano tamaño en las que el secretario del ayuntamiento llega a cobrar sueldos que rondan los 4.000 euros. En los consistorios grandes, dicha cantidad es observada como normal.
El problema de fondo es quién aprueba las retribuciones y por qué. El secretario del Ayuntamiento de Alzira y del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), Víctor Almonacid, considera que los sueldos de dichos cargos no son excesivos «per se» y que la carga de trabajo y la responsabilidad que desarrollan en los ayuntamientos es mucha. «El sueldo de los secretarios y los interventores debería estar reglado por la ley porque las retribuciones en la actualidad no son ilegales, sino alegales. Cada corporación estipula en la actualidad el sueldo que le da la gana para su secretario porque el único límite que se sitúa es la coherencia», declara Almonacid. La coherencia, como la mayoría de términos lingüísticos y filosóficos, varía su interpretación según el tiempo histórico y los interesen que puedan crearse.
Pieza municipal clave
«¿Que un secretario cobre mucho quiere decir que es un corrupto? Ni mucho menos. ¿Queda en entredicho su independencia? Sí», admite el cargo del consistorio alcireño. En la actualidad, las plazas de los secretarios e interventores se ganan en las localidades pequeñas y medianas gracias a una concurso pero existen casos de libre designación, como son las capitales de provincia y las diputaciones. El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local ha promovido en los últimos años una iniciativa para acabar con dichas designaciones «a dedo» y para que los sueldos queden estipulados por algún tipo de normativa que establezca una especie de guía a la que se puedan acoger los representantes del ayuntamiento. «El actual sistema de provisión dificulta el buen ejercicio de las labores y de las funciones de control de los ayuntamientos porque el sueldo alto puede hacer que exista menos oposición a algunas gestiones políticas. Ha habido un pacto tácito durante muchos años que dice que a alta retribución, el secretario deja en paz al político», reconoce Almonacid.
Y es que el secretario o secretaria de un ayuntamiento es el encargado jurídico de controlar las gestiones aprobadas o en vías de aprobación de un equipo de gobierno. En algunos casos (sobre todo en localidades pequeñas donde los políticos liberados son pocos), el secretario puede acabar convirtiéndose en el auténtico pulmón del consistorio. El interventor funciona como el fiscalizador de los asuntos municipales. En muchas localidades de la Ribera, la figura del interventor y el secretario la ejerce la misma persona.
