La crisis del ladrillo ya había mostrado sus síntomas cuando en Cullera, en lo que hoy se observa como una inopinada huida hacia delante, se aprobó el Manhattan. El PAI de la Bega-Port salió adelante merced al rodillo de la mayoría absoluta del PP en una votación en la que, el grupo que hoy gobierna en la ciudad, el PSPV, optó por abstenerse. Tres años después, con la crisis engangrenada en territorio valenciano, el alcalde popular Ernesto Sanjuán tuvo que admitir la paralización del proyecto por falta de recursos para urbanizarlo.

«Mi proyecto son las personas, no el Manhattan», se descolgaba el actual alcalde, Jordi Mayor, en los albores del cambio de régimen, en una entrevista a este mismo diario en la que daba indicios del sus intenciones de revisar el proyecto, al que nunca le cortó del todo las alas. En ese sentido, la línea seguida por el primer edil no encuentra contradicciones salvo cuando levanta la vista hacia la Generalitat.

Porque es en el Consell donde se han pronunciado con mayor rotundidad en contra de los megaproyectos pergeñados en la época de la burbuja inmobiliaria, muchos de ellos hoy un tronco hueco. El pasado mes de octubre, ante la insistencia en las Corts de Carolina Punset sobre la cuestión de reordenación del territorio, el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, asumió en la cámara que la ruta trazada sería la de revertir a suelo rústico los terrenos reclasificados durante el auge del ladrillo. Con un lacónico «sí», el president esbozó entonces en las Corts el compromiso de no llevar adelante los grandes PAI que aún no había encontrado salida.

Pero las posturas dentro del gobierno ante una enmienda a la totalidad difieren según el partido. Si en el PSPV eran más partidarios de estudiar cada proyecto antes de emitir un veredicto, la postura de Compromís está más en consonancia con la que demandó Ciudadanos: acabar con esos PAI.

Ampliando un poco el foco y como muestra de la oposición del ejecutivo a los grandes proyectos urbanísticos, valen las reflexiones no muy lejanas del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, cuando se refirió así la ATE del Puerto del Mediterráneo de Paterna: «No va en la línea del modelo sostenible económica, medioambiental y socialmente» que busca el Consell, dijo Climent.