El nuevo gobierno del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna (Compromís-PSOE) ha solicitado un informe jurídico para analizar la posibilidad de paralizar la construcción del macrovertedero proyectado en Guadassuar y plantea como alternativa para depositar los rechazos que se generen en la planta de tratamiento la construcción de varios microvertederos en diferentes puntos de la comarca. El consorcio ha incorporado al presupuesto de 2016 una partida de 145.0000 ? para realizar estudios geológicos en busca de terrenos que reúnan unas condiciones adecuadas para albergar estas insfraestructuras. «No estamos pensando en 52 microvertederos -los pueblos que integran el consorcio- sino en algo razonable, dos o tres, máximo cuatro», aclaró Salvador Montañana, presidente del ente y alcalde de Guadassuar.
Montañana realizó ayer este anuncio en una comparecencia conjunta junto a los cuatro vicepresidentes y de la que sólo se desmarcó por momentos el alcalde de Massalavés, Gregorio Andreu (PP), al señalar que si encontrar la localización para un vertedero ya es complicado, el problema se multiplicará para decidir emplazamientos para cuatro o cinco y se repetirá cada varios años una vez colmatados. «Si conseguimos un punto que permita hacer uno grande, en 20 años nos olvidamos», incidió Andreu. El vicepresidente Fernando Pascual (PSOE) respondió que el futuro pasa por los microvertederos y que tanto la Unión Europea como la Generalitat apuestan por esta alternativa.
No obstante, el nuevo gobierno admitió que el cambio no resultará fácil ya que implica un incumplimiento de contrato con la empresa adjudicataria, con la que se tendrá que negociar, y Fernando Pascual admitió que el consorcio no está en condiciones de asumir ninguna indemnización millonaria. Por su parte, tras expresar su rechazo al emplazamiento elegido para el vertedero por su proximidad a la Acequia Real del Júcar y a los «ullals» del río Verde, Montañana señaló que, en cualquier caso, «será innegociable que no se pueda utilizar la parte considerada no apta por el informe del Instituto Geológico y Minero sea del 20, del 30 o del 40 %». El IGME considera que un 80 % de la superficie que ocupará la nueva instalación (120.000 m2) es apta para este fin mientras que ha reclamado nuevos estudios sobre unos 25.000 metros que le plantean dudas. El presidente no descartó como hipótesis que se pueda llegar a activar este vertedero mientras se buscan emplazamientos nuevos.
Montañana visitó ayer las obras de la nueva planta de recepción de residuos o voluminosos, que se encuentra en una fase muy avanzada de construcción y en la que ya se ha empezado a montar maquinaria. La empresa gestora, Reciclados Ribera del Xúquer, prevé que esté operativa a finales de febrero o principios de marzo. Es una de las tres instalaciones del nuevo complejo que debe sustituir a la planta de basuras de Guadassuar, ya obsoleta. La planta de compostaje está pendiente de la autorización ambiental y el vertedero de rechazos de que se confirme o no la conveniencia del terreno, a la espera del giro que pretende dar el nuevo consorcio al proyecto.
Salvador Montañana detalló que el nuevo complejo aplicará las tecnologías más modernas para mejorar la valorización de residuos y reducir al máximo el rechazo o materiales no aprovechables, que actualmente representan el 61 % de las basuras. Este índice se deberá reducir por ley a un máximo del 44 % aunque el presidente señaló como un reto bajar incluso hasta el 29 % de algunas plantas actuales. Montañana no dudó en cargar contra el anterior presidente, José Ribera (PP), ya que considera que su política «oscurantista y prepotente» impidió un debate o que se plantearan las alternativas a un gran vertedero que ahora se buscan. «Es la herencia que hemos recibido tanto de la Generalitat anterior como de los dirigentes del PP que dirigían el consorcio», apostilló el socialista Pascual.
