La retirada el pasado 1 de septiembre del magistrado de apoyo que tenía asignado el juzgado de lo penal de Alzira desde 2009 agravó la situación de colapso que arrastra una sala que siempre ha ido corta de personal, hasta el punto que se tuvieron que suspender vistas y que ya en la segunda mitad de octubre se estuvieran señalando juicios para enero de 2017. Se trata del juzgado de lo penal más saturado de la provincia, en base a los datos del informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ. La propuesta de traslado contaba con el aval de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y de la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo. p. f. alzira
