La movilización del Colegio de Abogados de Alzira y de los ayuntamientos de la Ribera, la Costera y la Vall d'Albaida que se han posicionado contra la supresión del juzgado de lo penal de Alzira no ha logrado frenar la propuesta que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial realizó el pasado mes de septiembre, negro sobre blanco, para trasladar a Valencia los juzgados desplazados. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, reunida ayer en comisión, aprobó un informe favorable al traslado a Valencia de los juzgados de lo penal números 15, 17 y 18 -Alzira, Paterna y Torrent- aunque condiciona el mismo a la creación con carácter previo de un Servicio Común de Ejecución Penal, que considera «imprescindible» para «poder llevar a efecto los traslados de los juzgados», según informó ayer el propio TSJCV en un comunicado, en el que señala que el informe del Alto Tribunal Valenciano fue aprobado por «unanimidad».
El TSJ detalló que, con el traslado a Valencia de estas tres salas, cada uno de los cuatro juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital -que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento- recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrent, «una media de 673 causas más al año». Para la Sala de Gobierno está cantidad es «inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal» si no se crea el Servicio Común de Ejecución, que debería estar dotado, «desde su creación», incide, con una plaza de magistrado para que sean cinco los jueces de ejecutorias.
El TSJCV propone además un plan de refuerzo para reducir la pendencia de los juzgados de lo penal desplazados antes de que se produzca su traslado a la capital. El informe elaborado a petición del CGPJ también aborda la incidencia que el cambio de sede de los juzgados de lo penal de Alzira, Paterna y Torrent tendrá en los 14 juzgados de este ámbito que existen en la capital, ya que verán incrementado el número de asuntos que reciben. Sobre este punto, la Sala de Gobierno «considera que hay que contar previamente con un juzgado de lo penal más a fin de atender debidamente las carga de trabajo».
En servicio desde 2007
No es la primera vez que se plantea el traslado a Valencia de estos juzgados de lo penal desplazados que, en el caso de Alzira, presta servicio a los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Ontinyent desde principios de 2007 tras ver cumplida los profesionales del sector una aspiración que habían reivindicado durante una década. Su creación evitaba que abogados, agentes de las fuerzas de seguridad, testigos,?, tuvieran que desplazarse a Valencia, una situación que volverá a repetirse si, finalmente, se confirma la supresión. El juzgado de lo penal de Alzira, el más saturado de la provincia, trabaja en precario prácticamente desde su creación y, de hecho, la elevada carga de trabajo que soporta ya provocó que en 2009 se creara un juzgado de refuerzo con un segundo magistrado, que le fue retirado el pasado 1 de septiembre, lo que ha agravado si cabe su colapso.
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial emitió un informe favorable al traslado a Valencia de las tres salas desplazadas al considerar que esta descentralización «se había demostrado poco eficaz». En concreto, argumentaba que la carga de trabajo que soportan estas tres salas y, en particular, la de Alzira, es muy superior a la del resto de los juzgados de penal de Valencia y que la distancia física impedía un reparto de ese exceso de asuntos entre otros órganos, «lo que deriva en un mayor tiempo de respuesta y un incremento de pendencia que genera una mayor dilación a la hora de dar respuesta a los ciudadanos». El CGPJ solicitó al TSJ que se pronunciara sobre esta propuesta y la Sala de Gobierno emitió ayer un informe favorable, aunque condicionado a un plan de refuerzo, la creación de un Servicio Común de Ejecutorias y de un nuevo juzgado, es decir, la asignación de dos jueces más.
