El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, considera que las condiciones que ha fijado el TSJ para llevar adelante su propuesta de trasladar los juzgados de lo penal desplazados a Valencia carecen de lógica, ya que entiende que si se tiene que aplicar un plan de refuerzo para desatascar el juzgado de Alzira ya no sería necesario crear un nuevo juzgado de ejecutorias y otro de lo penal como se propone. «Lo lógico es aplicar los refuerzos y dejar las cosas como están», comentó, mientras señalaba como otra opción «crear una sala de lo penal en Xàtiva si quieren descongestionar la de Alzira».
Llácer considera que los requisitos que ha fijado el TSJ impiden en la práctica el traslado a corto plazo -señaló que es prácticamente «imposible» que se pueda cumplir todo en un plazo de ocho o nueve meses-, por lo que el colegio seguirá luchando para que no se consume la desaparición del juzgado de lo penal, e interpreta la resolución «unánime» del TSJ como «un pacto de concordia para que no haya perdedores» en esta pugna. «Me extraña mucho que el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, que fue quien creó estos juzgados para acercar los penales a las demarcaciones más grandes y evitar desplazamientos apoye ahora la supresión, yo creo que no es así», incidió Llácer. Cabe recordar que la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, siempre se ha mostrado partidaria de reagrupar los juzgados de lo penal.
Como ayer informó Levante-EMV, el TSJ aprobó el miércoles un informe favorable al traslado a Valencia de los juzgados de lo penal desplazados (Alzira, Paterna y Torrent) si con anterioridad se crea un Servicio Común de Ejecución Penal que incorpore un quinto magistrado para las ejecutorias, reclama también un plan de refuerzo previo para reducir la pendencia de estas tres salas y, por último, solicita un nuevo juzgado de lo penal más en Valencia.
Antonio Llácer considera que estas peticiones «entran en un espíritu de contradicción» con la propuesta inicial del Consejo General del Poder Judicial, que planteaba la conversión de un jugado de instrucción de Valencia en un juzgado de lo penal en el proceso de traslado, a lo que se opone el TSJ.
«Lo que no puede ser es volver a lo de antes», incidió Llácer, mientras recordaba el coste y la pérdida de tiempo que representan los desplazamientos para letrados, fuerzas de seguridad, testigos, y señalaba que a la puertas de las elecciones cualquier cambio como el que plantea el TSJ va a requerir de un trámite largo, ya que precisa incluso de una modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, explicó. Antonio Llácer se mostró firme al anunciar que seguirá luchando para que el juzgado de lo penal se mantenga en Alzira.
