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Benimuslem rescinde el contrato del PAI que quintuplicaba las viviendas

El ayuntamiento alega incumplimiento de las obligaciones del agente urbanizador y requisará el aval

El requerimiento que el Ayuntamiento de Benimuslem realizó al agente urbanizador del sector que genera suelo para la construcción de 1.500 viviendas -una cifra que multiplica por cinco el censo actual de casas del casco urbano- para que retomara las obras derivará dos años después en la resolución del contrato con la mercantil Golf & Mar, del empresario alcireño José Andrés Asunción. La corporación municipal aprobó el jueves por cuatro votos a favor (PSOE) y tres abstenciones (PP) iniciar un procedimiento para la resolución del contrato en en base al supuesto incumplimiento de sus obligaciones.

«Los incumplimientos detectados son múltiples, no ha hecho nada de lo que estaba establecido y hemos llegado al momento en que se han agotado todos los plazos legales e iniciamos este proceso», explicó al alcaldesa de Benimuslem, Mª Antonia Vilar, mientras señalaba que el incumplimiento no se limita a no haber ejecutado las obras de urbanización -paralizadas desde hace casi seis años-, sino también a otras obligaciones derivadas del convenio urbanístico y, por otra parte, el consistorio considera caducado el programa al haber transcurrido 59 meses desde que se inscribió el proyecto de reparcelación. «Tampoco ha pagado las cantidades que ofreció como medidas compensatorias para el municipio -360.000 euros- ni la compra del 10 % del aprovechamiento municipal que ofreció», agregó. En su día se estimó este importe en alrededor de 1,8 millones.

Vilar señaló que esta resolución comportará la incautación de garantías -la empresa formalizó un aval de casi 1,6 millones que con posterioridad intentó minorar- y la cancelación del programa, aunque al contemplar el Plan General de Ordenación Urbana este sector de 314.000 metros cuadrados que abraza el casco urbano, el suelo mantendrá la condición de urbanizable.

Este periódico intentó recabar ayer, sin éxito, la versión del empresario que, en su momento, ya cuestionó las pretensiones del ayuntamiento. José Andrés alegaba que la oferta vinculada al PAI, que se formalizó en el año 2003, estaba basaba en la LRAU y que la ley urbanística posterior prohibía «expresamente» que el agente urbanizador comprara el 10 % del aprovechamiento. Por otra parte, Andrés Asunción alegaba que fue el ayuntamiento el que le ordenó «por escrito» que paralizara los obras hasta que se registrara la reparcelación, que fue anulada por los tribunales, por lo que consideraba que mientras no se resolviera el recurso pendiente no podía retomar las obras.

Tras el encontronazo que provocó este requerimiento en una relación que ya venía cargada de tensión -la alcaldesa argumentaba que había que dar una solución ya que no se podía mantener eternamente esta obra parada-, hubo una aproximación entre ambas partes que pronto derivaría de nuevo en fricción, al rechazar el ayuntamiento la solicitud de Golf & Mar de fraccionar el proyecto para ejecutar una primera fase que incluyera a los particulares que han pagado sus cuotas en terrenos, mientras se dejaban cuatro en suspenso, una alternativa prevista por la ley, a la espera de una mejora de la coyuntura económica. El consistorio desestimó la propuesta al considerar que no incorporaba los documentos urbanísticos necesarios ni aportaba las garantías para los propietarios.

El ayuntamiento dará audiencia a todos los interesados en el expediente de resolución del contrato antes del acuerdo definitivo y, según la alcaldesa, si la empresa se opone se solicitará el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. El pulso que mantienen desde hace años el agente urbanizador y el ayuntamiento, con episodios como el desistimiento municipal en defensa de la reparcelación, que indignó al empresario, continuará previsiblemente con diferentes estrategias.

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