La Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent pagó más de 300.000 euros entre los años 2008 y 2009 por un Sistema Integral de Gestión que debía incluir un Sistema de Información Geográfica (SIG) que, según constatan las auditorías económicas y de obras del proyecto de transformación del regadío impulsado por la entidad, «no existía» seis años después. La Associació Comptes Clars señala que éste es uno de los asuntos «escandalosos» que revelan las auditorías del polémico proyecto de modernización, que detallan además que si bien este sistema se contrató inicialmente por 227.028 euros (263.354 con el IVA), se acabaron pagando 317.354. El técnico que realizó la auditoría económica, fechada en agosto de 2015, señala que «según manifestaciones de la dirección de la comunidad», este SIG contratado no estaba «implantado y a disposición de la entidad» en ese momento, mientras que el autor de la auditoría técnica, fechada en junio, indica que esperaba disponer de esta herramienta para realizar los trabajos aunque los servicios técnicos de la comunidad sólo facilitaron «los proyectos, planos final de obra y documentación administrativa varia, pero en ningún momento el SIG ya que no existe según la misma comunidad», por lo que él mismo tuvo que desarrollar un Sistema de Información Geográfica con la cartografía, datos y planos de obra existente».
No obstante, el presidente de los regantes, Aurelio Hernández, aseguró ayer que «todo el mundo sabe que el sistema está en funcionamiento» y que si bien cuando se hicieron las auditorías no estaba a disposición de los técnicos, «estaba en una nube y se pudo recuperar». «El SIG está y está en funcionamiento, se puede discutir si es caro o barato», indicó Hernández, mientras señalaba que la comunidad ha presentado una demanda contra el técnico que hizo la obra «por una serie de anomalías», entre las que citó el propio SIG. También se comprometió a hacer público un documento de los auditores que reconocería que sí existía ese sistema.
El sector crítico con la gestión de Hernández, que lidera el actual alcalde de Càrcer, Josep Botella, señaló como otras revelaciones llamativas de las auditorías la existencia de 90.000 euros sin justificar o que la junta destinara dinero del préstamo concertado para financiar el proyecto de modernización para cubrir los déficits de cinco años de la comunidad o para pagar la reforma de la sede, en la que se invirtieron 153.000 euros, una cantidad que Botella consideran excesivamente elevada cuando se trata de un local «que no llega a los cien metros cuadrados». «No es normal ni legal que se utilice el dinero de un préstamo finalista para otras cosas», incidió Botella.
El presidente de la comunidad, no obstante, aseguró que esos 90.000 ? ya se han justificado y señaló que la observación del auditor se debía a la ausencia de unos documentos. «Hay una persona sóla que tiene que repasar todas las facturas y estamos hablando de una obra de 14 millones», indicó Hernández, en referencia tanto al proyecto de interés general sufragado por la conselleria como al desarrollado por la comunidad, que se contrató por 7,5 millones y que ha derivado en un litigio en el que la constructora reclama más de un millón de euros a la comunidad. «Dejamos de pagarle porque no acabó la obra, hay deficiencias, se hizo un peritaje que concluyó que nos deben ellos a nosotros y no al revés», expuso Hernández, que restó importancia al hecho de que se cubrieran los déficits con el préstamo al señalar que la otra alternativa hubiera sido girar derramas. Responsabilizó a los críticos de haber provocado esos déficits por incitar a que no se pagara. «Hemos pagado déficits que no es ni más ni menos que esos impagados, como tienes tesorería en otro sitio lo cubres para no pedir dinero al comunero», justificó.
