El parque inmobiliario de Alzira cuenta con alrededor de 5.000 viviendas deshabitadas, lo que representa más del 20 % del total, mientras que en el barrio de l'Alquerieta el volumen de casas vacías se eleva hasta el 30 %, según el diagnóstico que ha realizado el ayuntamiento como base de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), un plan estratégico que pretende definir el nuevo modelo de ciudad en el horizonte 2016-2022. El documento base fruto de la puesta en común de diferentes planes municipales dispersos, que el gobierno municipal somete a una consulta popular hasta el próximo 28 de diciembre, alerta incluso de un «mercado ilegal de tráfico de viviendas» como consecuencia de la despoblación progresiva del barrio de l'Alquerieta, un área de acción preferente en este plan que el gobierno municipal presentó el martes y para el que ha solicitado financiación de la Unión Europea a través de los fondos Feder.
El análisis que realiza este documento del conjunto del área urbana de Alzira destaca que durante los años del auge de la construcción se desarrollaron la mayoría de los sectores urbanísticos previstos en el PGOU «incrementándose el número de viviendas a un ritmo frenético» y, si bien aclara que el último dato oficial sobre el censo de población y vivienda del Instituto Valenciano de Estadística se remonta al año 2011 -entonces se contabilizaban 22.047 casas y pisos, de los que 3.081 se encontraban vacíos-, concluye que en la actualidad el número de viviendas vacías es mayor y lo eleva a alrededor de 5.000 «debido a la situación de crisis financiera vivida en los últimos años, que ha golpeado duramente al municipio de Alzira». El ayuntamiento subraya que este dato representa que «más del 20 % de las viviendas de Alzira se encuentran deshabitadas».
Chabolismo aún presente
La Estrategia DUSI incluye a l'Alquerieta como área en riesgo de exclusión social -uno de los requisitos para optar a los fondos europeos es que el proyecto incluya una intervención de carácter social- y el informe sobre el área urbana se detiene en esta barriada que, según expone, «se caracteriza por el abandono y la falta de mantenimiento de las viviendas, lo que ha llevado a acelerar el despoblamiento del barrio». Tras admitir que pese a los esfuerzos realizados todavía se pueden encontrar situaciones de chabolismo o infravivienda en el barrio, el documento base del plan estratégico detalla que la gran mayoría del parque de viviendas unifamiliares de l'Alquerieta tienen una antigüedad de más de 75 años (78,91 %) mientras que la edad de las fincas o bloques de viviendas supera los cincuenta años. Las ampliaciones, reformas y otras intervenciones realizadas en muchas casas han sido de una calidad constructiva muy inferior a la original, «lo que ha conllevado la situación actual de infraviviendas».
Este diagnóstico dibuja un barrio «en una fase avanzada de degradación» con casi un 8 % del total de las edificaciones demolidas, que en estos momentos son solares, el 1 % de los inmuebles en ruinas, un 3 % en mal estado «y con tan sólo el 70 % de las viviendas ocupadas».
El informe acaba alertando de la existencia de un mercado ilegal de viviendas derivado de la ocupación ilegal de las mismas. En concreto, señala que el valor de la vivienda en l'Alquerieta se ha devaluado más que en el resto de la ciudad debido a la situación social y urbanística, lo que propicia que muchas viviendas queden vacías cuando los propietarios se hacen mayores o fallecen.
Población incontrolada
Por otra parte, incide en que el número de viviendas desocupadas aumenta por la dificultad de algunos compradores a pagar los préstamos hipotecarios como consecuencia de la crisis y constata que «estas viviendas son ocupadas sin permisos ni licencias para ello, de manera que no se registra en ninguna base de datos quién ocupa cada vivienda. (?) Esta situación propicia la aparición de un mercado ilegal de tráfico de viviendas», alerta del diagnóstico, mientras expone que los propietarios no aparecen por el barrio o son entidades bancarias que «hacen dejación de sus obligaciones». «Como puede fácilmente deducirse, el número de viviendas que pasan a ser ocupadas ilegalmente (y circunstancialmente al mercado de traspasos ilegales) aumenta cada vez más de forma que, al mismo tiempo, se incrementa también la población de la que no existe constancia oficial», concluye el informe.
