La crispación en que vive inmersa desde hace dos años la comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent provocó que la primera asamblea que se convocaba después de un año tuviera que suspenderse el domingo sin llegar a aprobar nada. El sector crítico, reunido en torno a la Associació Comptes Clars, pidió la suspensión al considerar que se iban a conculcar los derechos de muchos comuneros a los que no se permitía votar por no estar el censo actualizado y atribuye la anulación a la presión ejercida y su denuncia de irregularidades, mientras desde la junta rectora justificaron ayer la suspensión a los insultos recibidos. «Al ver que los ánimos estaban muy violentados yo fui uno de los que le dijo al presidente que anulara la junta, ya haremos otra», comentó el vicepresidente Pascual Albentosa.
Los críticos, entre los que se encuentra el alcalde de Càrcer, Josep Botella, denunciaban que la convocatoria de esta junta en plenas fiestas de Navidad apenas había dejado un par de días hábiles para recoger delegaciones de voto y mostraban su indignación por la anulación de muchas de estas delegaciones sin dar la posibilidad de subsanar defectos. Botella explicó que el día 8 se personó en la sede y le indicaron que, en total, se daban por válidas 429 delegaciones de voto para la asamblea. «Exigí que me dijeran cuáles de las que habíamos presentado habían sido anuladas y los motivos, pero no me lo dicen hasta el domingo, cuando ya no podía reaccionar», señaló Botella, mientras detallaba que, en su caso, había presentado 196 delegaciones que sumaban 541 votos, de las que le anularon 30 papeletas y 72 votos.
«Sólo se ha actualizado un 23 % del censo, es un escándalo, había gente que antes votaba y a la que ahora no dejaban votar. Hemos conseguido suspender la junta debido a las irregularidades», incidió Botella. A su juicio, la junta que preside Aurelio Hernández buscaba una baja participación «pero el escándalo ha llegado a tal punto de crispación que la gente va en masa porque le están tocando el bolsillo». «Queremos que el proceso sea limpio y transparente», incidió.
Albentosa defendió que la comunidad siempre se había mostrado flexible y que son los críticos los que exigen un cumplimiento estricto de la ley «pero cuando lo hacemos así no lo quieren». Recordó que la secretaria pidió a los comuneros de forma repetida que pasaran a actualizar el censo «pero muchos no han venido». El vicepresidente defendió que se habían anulado votos «de una parte y de la otra» y, sobre la fecha, señaló que la junta se suele celebrar el tercer domingo de diciembre, que esta vez coincidía con las elecciones. «No se ha hecho nada intencionadamente, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos. Daremos el tiempo suficiente para que la gente actualice el censo porque no tenemos ningún interés en que ningún comunero deje de votar». Albentosa defendió que sí se ha había informado del motivo por el que se anulaban algunas delegaciones y señaló que «hay dos temas en una comunidad básicos: poder regar y el económico, pero aquí se preocupan más del asunto político que de regar, porque hay una buena gestión y riegan cuando quieren. Si en el asunto económico hay algún fallo, lo subsanaremos», indicó.
Los críticos han pedido una asamblea para destituir a la junta, que Hernández se ha negado a convocar alegando que una petición similar ya fue desestimada en 2014, y están pendientes de que la CHJ resuelva su recurso. Alegan además que las auditorías de las obras de modernización rebelan unas irregularidades, que la junta niega.
