La Conselleria de Medio Ambiente aún no ha decidido si rebajará la tasa del agua que se cobra a diversos municipios de la Ribera por las obras de la estación potabilizadora de Alzira. No obstante, cree las diferencias económicas que mantiene con los ayuntamientos son «salvables» y reconoce que los vecinos de la comarca no son los culpables de la contaminación de los pozos.
Los alcaldes y concejales de trece municipios de la comarca se reunieron ayer por la mañana con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, para pedirle que se recorte este tributo, pero Álvaro dijo que estudiará la propuesta y emplazó a los alcaldes a otra reunión en febrero.
Las diferentes infraestructuras que se han construido para dar suministro de agua a los vecinos han costado más de 50 millones de euros, según recordó ayer el alcalde de Polinyà y portavoz de los municipios afectados, Óscar Navarro. En esta cifra se incluye la ETAP de Alzira, los pozos de la Garrofera y las conducciones del agua potable, entre otros aspectos. Pero los municipios de la Ribera no están dispuestos a tener que pagar esta astronómica cifra porque, según recordó Navarro, «esas instalaciones se han hecho porque el agua se ha contaminado y las Administraciones que tenían que regular para que eso no pasara son las que ahora quieren cobrarnos».
La contaminación del agua subterránea obligó hace unos años a construir la ETAP de Alzira y a comprar a los regantes agua procedente del Xúquer, la cual se mezcla ahora con el agua de los pozos. Actualmente los pueblos de la Ribera pagan 18 céntimos por cada metro cúbico de agua de la potabilizadora, pero los alcaldes exigieron ayer a Medio Ambiente rebajar esta cifra a 10 céntimos, ya que están dispuestos a pagar por la explotación de las instalaciones y el suministro de agua, pero no por la amortización de las infraestructuras.
Estudiar soluciones
En relación con este aspecto, el secretario de Medio Ambiente señaló que no se trata «de unas diferencias de magnitud económica insalvables, son salvables; además, ahora con la aportación de las aguas superficiales que podrán tomar del Júcar, la solución se aproxima más». Además, también reconoció que los vecinos de la comarca no son los responsables de la contaminación del agua. Se trata de «buscar una fórmula para revertir esta situación, que es histórica e injusta, que hace que los ciudadanos de la Ribera estén pagando por una contaminación de sus acuíferos de las que ellos no son personalmente responsables, sino que va muy ligado a lo que ha habido de inobservancia de controles de contaminación del subsuelo», dijo Álvaro.
Al encuentro de ayer asistieron los alcaldes y concejales de Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola y Sueca. El problema del agua afecta a 170.000 vecinos de la Ribera y hay pequeños municipios que ven este pago inasumible. Es el caso, por ejemplo, de Favara, que debe abonar 120.000 euros anuales.
