La alcaldesa de Sueca y concejal de Recursos humanos, Raquel Tamarit, lamentó ayer el malestar creado entre los conductores por el incremento «desproporcionado» de sanciones de la Policía Local y reconoció la existencia de un conflicto laboral entre este colectivo de trabajadores y el gobierno local. Tamarit compareció en rueda de prensa junto al concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Salvador Giménez. Les acompañaban la mayoría de integrantes del equipo de gobierno.
«Quiero clarificar que ni yo, ni el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador Giménez, hemos ordenado ni ordenaremos nunca que se ponga en marcha ninguna campaña recaudatoria, porque creemos que eso va en contra de la población y que en ningún caso debe pagar un malestar que se haya podido producir entre trabajadores de esta casa y el gobierno municipal», dijo la primer edil.
Tamarit aseguró que durante el año pasado se impusieron un total de 1.506 denuncias mientras que desde el día 15 de este mes y hasta el pasado martes la cantidad de sanciones contabilizadas era de 958. De esta manera, se ha pasado de una media diaria de 4,13 a 73,7, según dijo.
«Como es nuestra obligación, analizaremos lo ocurrido y exigiremos las responsabilidades que correspondan en cada caso», expresó. Afirmó que contemplaron la posibilidad de anular las denuncias por su incremento puntual. «Hecha la consulta, nos recomiendan no hacerlo ya que podríamos incurrir en un delito de prevaricación, tanto los políticos como los funcionarios», dijo. Y añadió que «ahora estamos estudiando la manera que permita que al final no sea el ciudadano el que pague por un conflicto en el que no debe nada».
La alcaldesa aseguró que el concejal de Seguridad Ciudadana, desde que comenzó esta legislatura, se ha reunido en diferentes ocasiones con la Policía Local para tratar de solucionar una antigua reivindicación. Los agentes «consideran que no es justo el salario que están percibiendo en comparación a otras poblaciones», dijo. Preguntada por el sueldo que cobran, afirmó que sin contar antigüedad ni refuerzos, ronda los 1.400 euros mensuales, y que esta cantidad representa unos 300 euros menos que en municipios vecinos.
Desveló que el viernes, día 15, el colectivo celebró una asamblea -en concreto, las secciones operativas que trabajan en la calle- «de cuyo resultado no nos informan en ningún momento». Esa misma semana se había producido otra reunión entre el concejal y representantes de la plantilla. «Por los partes de servicio detectamos que de la noche a la mañana se incrementa de manera significativa el número de denuncias», manifestó. «Y el día 15 vemos que entre el turno de la tarde y el de la noche, la asamblea se había producido por la tarde, se han impuesto 63 denuncias», añadió.
Tamarit dijo en su comparecencia que las reuniones han seguido, una de ellas el día 22 a la que asistieron ella y el concejal, que se prolongó de 20 a 24,30 horas. Y otra el pasado lunes con todos los sindicatos representados en el ayuntamiento (SPPL, UGT, CC OO y CSI·F). Les expusieron a los trabajadores el resultado de las consultas realizadas a los técnicos.
«Ellos expresan su malestar porque entienden que hay productividades que se han asignado y no entienden por qué a ellos no», dijo. Y afirmó entender «su malestar, pero quiero clarificar que todas las productividades que se han otorgado están plenamente justificadas, al menos desde que yo llevo Recursos Humanos, desde mediados de la pasada legislatura, siempre se ha tramitado lo que ha llegado desde las distintas concejalías». Para el próximo martes hay convocada una nueva reunión con todos los miembros de la Policía Local «donde expresaremos nuestro malestar por la manera como se han hecho las cosas, y nuestra voluntad de continuar negociando para acercar posturas e intentar llegar a acuerdos». En este sentido, la primer edil expresó que «me consta que hay agentes que no comparten la manera de actuar».
