El Ayuntamiento de Algemesí quiere despejar las sospechas sobre el alcance de la corrupción detectada en la Diputación de Valencia y llevará ante la Fiscalía la compra, sin una adjudicación expresa y formalizada, de bombillas LED a la empresa Inelcom efectuada en 2012 por el anterior equipo de gobierno del PP capitaneado por Vicent R. García Mont. Lo confirmó ayer la actual alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano, tras las observaciones realizadas por varios ediles y técnicos municipales de la actual corporación. «Tenemos la seguridad de que el procedimiento no fue el correcto y como se trata de mucho dinero y no es un caso aislado en los ayuntamientos del PP debe ser la Fiscalía la que investigue si existe ilegalidad alguna», explicó Trenzano.
Fue la formación Més Algemesí la que activó todas las alarmas. Según las investigaciones realizadas por su portavoz, Josep Bermúdez, «la decisión de comprar los leds a la empresa Inelcom no fue una decisión técnica sino únicamente política que en el caso de Algemesí, en 2012, se tomó saltándose todos los procedimientos legales que exigía la ley». El Plan de Eficiencia Energética fue diseñado por la diputación para que estas decisiones «pudieran ser tomadas directamente por los políticos sin necesidad de celebrar adjudicaciones ni encomendar informes técnicos. Y, de hecho, así fue Algemesí», precisó.
La máxima representante del ayuntamiento se ha sumado a la denuncia al considerar que existen «indicios de irregularidades en la contratación realizada en 2012 por un importe cercano a los 360.000 euros», afirmó Trenzano, quien añadió: «Lo que más nos ha escandalizado es que los contratos que constan en la casa consistorial están a nombre del anterior alcalde, Vicent R. García Mont, y no del ayuntamiento. Eso administrativamente es incorrecto». Més Algemesí explicó que el ejecutivo de Mont se adhirió (en una resolución del 9 de noviembre del 2012) al plan de compras de la Diputación de Valencia para la adquisición de bombillas LED pero no consta adjudicación a Inelcom, además de que no existe acuerdo alguno de la junta de gobierno a pesar de ser el órgano con competencias en dicho asunto. «A pesar de todo, cuando en 2013 se envía la documentación pertinente a la diputación, en esta se certifica, falsamente, que el órgano que adjudica la contratación es la Junta de Gobierno Local», argumentó Bermúdez.
Sin facultad legal
Més Algemesí denunció que fue el alcalde el que tomó la decisión sin aval técnico y el que negoció como interlocutor con la empresa adjudicataria. La primera referencia de la compañía aparece en el ayuntamiento el 7 de noviembre —dos días antes de la resolución— con una factura proforma a nombre del alcalde García Mont y con su correo corporativo. «En el expediente figuran también dos ‘solicitudes de contratación’, un encargo ya en firme del producto, firmada por el alcalde García Mont y con el sello de alcaldía pero sin fecha. La primera, por un importe inferior, fue sustituida por la segunda con el importe exacto de la subvención. El alcalde no tiene ninguna facultad legal para firmar ningún encargo de 360.000 € si esto no ha sido acordado por la junta de gobierno. No sabemos si él hacía el papel de administración ante la empresa o de comercial de la empresa ante la administración», ironizó ayer Bermúdez. El grupo nacinalista destaca que otros ayuntamiento sí realizaron informes técnicos para decidir la compra y que el caso de Algemesí en 2012 «es un asunto de gravedad extrema».
