Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Alzira amenaza con multar con 600 euros al día a la empresa del aparcamiento

El tripartito denuncia la «pérdida» de 300.000 euros de canon por no haberse construido el párquing subterráneo de la plaza y culpa al PP

Alzira amenaza con multar con 600 euros al día a la empresa del aparcamiento

El órdago que el tripartito de Alzira (Compromís, PSOE y EU) ha lanzado a la empresa concesionaria no se limita a reclamar la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza Mayor adjudicado hace más de trece años, sino que también amenaza con imponerle una sanción de 600 euros al día si no atiende el nuevo requerimiento, aprobado el miércoles por el pleno, para que presente los estudios técnicos y económicos que justifiquen la viabilidad de construir dos plantas de sótano.

«Hay que reclamar a la empresa que construya el aparcamiento», proclamó el concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, que cargó contra la gestión del anterior gobierno del PP ya que, según expuso, «dejó pasar el tiempo» sin exigir la construcción de esta infraestructura que n0 tenía ningún coste para las arcas municipales y señaló que también «se han perdido 300.000 euros» en concepto del canon que, a razón de 20.000 euros anuales, la empresa se comprometía a abonar. «Esa es la fabulosa gestión del PP», incidió, mientras señalaba que el ayuntamiento no sólo exige el cumplimiento del contrato sino que también prevé imponer las penalidades previstas en la ley -que en el caso de este contrato se traducirían en 600 euros diarios- si la empresa ignora el nuevo requerimiento para que presente los estudios relativos a la segunda alternativa contemplada, un aparcamiento con dos plantas.

La corporación presidida por Pedro Grande adjudicó en 2002 la construcción y gestión de dos aparcamientos subterráneos. La concesionaria construyó el de la plaza de la Generalitat pero el PP, nada más llegar al gobierno en 2003, paralizó el proyectado en la plaza Mayor, que se presumía mucho más complejo, y trató de trasladarlo a la avenida Luis Suñer, un proyecto que también se vio frustrado.

El tripartito alega que no consta ninguna renuncia ni acuerdo sobre este cambio por lo que entiende que el contrato firmado hace trece años sigue vigente y, con un pleito judicial como mar de fondo -la adjudicataria pretende abandonar un servicio que resulta deficitario y reclama una compensación por la inversión realizada-, el tripartito ha reactivado el proyecto, al menos sobre el papel.

Compartir el artículo

stats