La reclamación formulada por el Consorci de la Ribera (que unifica las dos mancomunidades) ha tenido éxito. Aunque el ente supramunicipal ribereño reclamaba la implicación de la conselleria en la lucha contra el mosquito tigre y la mosca negra, al final ha sido la Diputación de Valencia la que da un paso adelante y se compromete a ayudar a los municipios con problemas de plagas. La diputada responsable del área de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, propuso en la reunión con los responsables autonómicos de Salud Pública y Medio Ambiente, en la que estuvieron representadas las tres diputaciones, un protocolo de información para los vecinos y los técnicos locales y provinciales que estén afectados o participen en las tareas de prevención y tratamiento biológico para combatir los efectos nocivos del mosquito tigre. Este insecto está causando daños medioambientales de consideración especialmente en las zonas de litoral y urbanizaciones que cuentan con acuíferos, aunque hasta la fecha no se considera que pueda ser transmisor del virus zika, riesgo que podría aparecer con la llegada del verano y las altas temperaturas. En previsión de que el mosquito tigre llegue a activar la alerta sanitaria, las Consellerias de Salud Pública y Medio Ambiente y las tres diputaciones se han puesto a trabajar en un plan que contempla reuniones mensuales.
En cuanto a la financiación de esta campaña contra el mosquito tigre, la diputación cuenta con una subvención para combatir vectores que no es específica para este insecto, por lo que Berenguer avanzó que se estudiará una vía para colaborar «con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la provincia, con la formación a técnicos y si es necesario una partida para ayudarles a cubrir los tratamientos».
Berenguer lanzó un mensaje tranquilizador para «reducir la alarma social que se ha generado a causa de la desinformación, con mujeres embarazadas que acuden muy preocupadas a los centros de salud». En segundo lugar, la diputada no descuida lo que hay que hacer para frenar esta plaga y evitar que se convierta en un problema mayor, que es lo que contempla el plan de acción: «Se está determinando cuándo y dónde hacer los tratamientos y con qué elementos y productos, y a continuación se pondrá a disposición de los ayuntamientos un banco de empresas para ejecutarlos».
