La Sentencia 149/2016 de 19 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) pasará a la historia como una de las más importantes en la Ribera. Se decreta en ella la paralización del macrovertedero proyectado por los últimos gestores del Consorci Ribera-Valldigna (capitaneado en ese momento por el entonces alcalde del PP en Guadassuar, José Ribera) junto a la Acequia Real del Júcar y cerca de los Ullals del Riu Verd, es decir muy próximo a los términos municipales de l'Alcúdia, Massalavés, Benimodo e incluso Alberic.
La justicia da con ello la razón al Ayuntamiento de l'Alcúdia, que fue el ente que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la primera decisión que sí daba validez a la modificación del contrato llevada a cabo por el Consorci y que establecía la edificación de la nave de residuos cerca de parajes naturales protegidos de la comarca y del caudal de la acequia valenciana. El TSJ, además, deja claro en la sentencia que no cabe recurso ordinario alguno, por lo que los organismos afectados deberán llegar ahora a un acuerdo o aplicar la decisión del juez, siendo necesario que se estipule un nuevo emplazamiento para el macrovertedero.
El Consorci ha cambiado ahora de color político tras el vuelco electoral del pasado mayo y está en manos de Compromís y el PSOE. Cuando se tomaron todas las decisiones que ahora tumba la justicia lo comandaba el PP con abrumadora mayoría absoluta. La sentencia reconoce que carece de justificación la alegación del Consorci para modificar el contrato, que se basaba en la inidoneidad de los terrenos en donde inicialmente debía ubicarse el vertedero, «la incapacidad de la planta de tratamiento para proporcionar los rendimientos de recuperación de materiales que impone el Plan Zonal y la reducción del número de ecoparques». Por todo ello debió ser en 2006, según el TSJ, «cuando debieron solicitarse los informes técnicos que se recabaron en 2011, lo cual hubiera permitido conocer la verdadera situación de los elementos objeto de la concesión. No cabe pues hablar de necesidad nueva o causa sobrevenida (...) sino de actuación poco diligente en la concesión del contrato». En consecuencia, el TSJ aduce que el acuerdo por el que se modifica el contrato de concesión es contrario a la ley en la que se permite la modificación de los contratos por razón de interés público por nuevas necesidades o causas imprevistas, por lo que estima el recurso de apelación del consistorio alcudiano contra la sentencia de mayo del 2013.
L'Alcúdia, los demás ayuntamientos (caso de Massalavés, Benimodo o Alberic) y el sinfín de asociaciones de todo tipo que se han opuesto al vertedero de Guadassuar desde 2006 reciben ahora el respaldo de la Justicia. En el macrovertedero estaba previsto tratar o transferir 43 millones de kilos anuales de residuos peligrosos. Muchos de los productos considerados de riesgo biológico o químico. La planta estaría situada a poco más de mil metros de distancia de Montortal y a tan sólo cien metros de la Acequia Real del Júcar. La USUJ, que engloba al conjunto de regantes del Xúquer y que conoce perfectamente la zona (puesto que dispone de algunos pozos en las proximidades) presentó alegaciones en su momento contra un proyecto que fue aprobado en febrero de 2012 con la oposición de veintidós municipios, frente a diecisiete que votaron a favor.
