Aunque la justicia dejaba claro en la sentencia que se publicó esta semana que no existe posibilidad de recurso, el Consorci Ribera-Valldigna no descarta asumir algún tipo de recorrido judicial para intentar que la paralización de los proyectos empresariales vinculados a los residuos «no provoque un terremoto muy dañino en la comarca». En dichos términos se expresó ayer el presidente del ente comarcal (y alcalde de Guadassuar), Salvador Montañana. Presentarán recurso (que están estudiando los técnicos) si el Ayuntamiento de l'Alcúdia exige la ejecución completa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Y es que al anularse la modificación del contrato de 2012, la justicia pone en manos del consistorio que ahora comanda Andreu Salom la paralización de varias plantas, no sólo del macrovertedero que estaba previsto construirse en el término guadasuarense pero cerca del casco urbano de Montortal y de recursos naturales como la Acequia Real de Júcar o los Ullals del Riu Verd.
Sin embargo, no parece que esa sea la intención del Ayuntamiento de l'Alcúdia. Representantes políticos alcudianos con los que este periódico ha tenido ocasión de hablar en los últimos días, caso del alcalde Andreu Salom o del edil Paco Sanz, defienden que es necesario buscar un emplazamiento alternativo para el macrovertedero pero que las decisiones deben ser consensuadas con el Consorci para que resulten lo menos nocivas para la población, también a nivel económico. El consistorio alcudiano ha dejado claro que no quiere hacer una enmienda a la totalidad pero que defiende los intereses de la población y de los parajes naturales en contra de decisiones que se consideraron en su momento (y se siguen considerando hoy) como autoritarias y oscurantistas por parte del anterior presidente del ente comarcal, José Ribera, y del Partido Popular. «Lo del macrovertedero está claro pero por lo que respecta al resto hay que estudiarlo conjuntamente. Miraremos de que forma salimos del paso porque hay proyectos que ya no son viables echarlos atrás. Primará el consenso», adujo ayer Paco Sanz, quien también ejerció de activista junto a Xúquer Viu.
El actual presidente mantuvo ayer una reunión con miembros de la conselleria para conocer el estado de la cuestión y aclaró a este periódico que se estudia la presentación de algún tipo de recurso porque la sentencia «es contra la parte administrativa del proceso y no contra los asuntos medioambientales», defendió Montañana. «El proceso judicial empezó contra unas formas prepotentes de actuar del anterior presidente del Consorci y por parte del PP pero nosotros cambiamos radicalmente esa conducta cuando yo llegué a la presidencia y dije que iba a reinar el consenso, la transparencia y la información», añadió Montañana. «No creo que l'Alcúdia se oponga a todas las plantas o a los ecoparques y sobre el macrovertedero nosotros ya estamos estudiando alternativas que podrían pasar por los microvertederos», agregó el actual alcalde guadasuarense.
Impacto medioambiental
«No sería lo mejor para los ribereños que l'Alcúdia exija la ejecución completa de la sentencia. Podría costar mucho dinero en indemnizaciones y sólo conseguiríamos volver al año 2006», finalizó Montañana.
El Consorci acaba de recibir un informe favorable de impacto medioambiental sobre la planta número 1, la que respecta al compostaje. Guadassuar cuenta en su término con varias plantas de tratamiento de residuos.
