El gobierno alcireño aprovechó el jueves la presencia en Alzira del secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, con motivo de una reunión de trabajo con los jueces, para intentar reactivar el traslado de la sala de lo penal a la primera planta del edificio de la Parrilla, que el propio Puchades visitó acompañado por el alcalde de Alzira, Diego Gómez; Carles Aranda en representación del Colegio de Abogados y algunos técnicos. La visita se producía el mismo día en que Intersindical denunciaba la presencia de roedores en el juzgado de lo penal, que arrastra desde hace años graves problemas de hacinamiento.

«Lo que está claro es que el juzgado de lo penal no debería seguir donde está ni en las condiciones que está», comentó el alcalde a Levante-EMV, mientras recordaba que si bien todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible supresión, el ayuntamiento pretende reactivar la oferta de unas nuevas dependencias para propiciar un traslado aunque sea temporal. Diego Gómez recordó que la decisión última sobre la continuidad o no de este órgano judicial en Alzira depende de Madrid y que la autorización del traslado corresponde a la conselleria. El alcalde señaló que las obras en la Parrilla están prácticamente acabadas y que un cambio de emplazamiento no sólo mejoraría las actuales instalaciones sino que también representaría un importante ahorro para la Administración autonómica. Gómez recordó que la conselleria está pagando más de 120.000 euros anuales por el alquiler de las dependencias de la plaza de la Generalitat, donde se ubica el juzgado de lo penal, y de la fiscalía, en al Plaça de la Sang, a razón de unos 6.000 euros al mes por cada uno de los bajos.

Segunda sala de vistas

Carles Aranda, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados, comentó que Puchades se había comprometido a hablar la próxima semana con la consellera, Gabriela Bravo, sobre esta cuestión. El letrado indicó que el secretario autonómico había apuntado la posibilidad de habilitar una segunda sala de vistas para poder celebrar más juicios cada semana y también defendió la necesidad de propiciar un traslado del juzgado de lo penal, dada la precariedad de las actuales instalaciones, «aunque sea por uno o dos años».

Cabe recordar que la Sala de Gobierno del TSJ aprobó en diciembre un informe favorable al traslado a Valencia de los juzgados de lo penal desplazados -Alzira, Paterna y Torrent- aunque condicionaba el mismo a la creación con carácter previo de un Servicio Común de Ejecución Penal dotado «desde su creación» con una plaza de magistrado, a un plan de refuerzo para reducir la pendencia de estas salas y la creación de un nuevo juzgado en Valencia para atender «debidamente» la carga de trabajo. El cumplimiento de estas condiciones hace prever que aunque se confirmara la decisión de suprimir la sala de Alzira, no será inminente.

Cabe recordar que el juzgado de lo penal de Alzira, que abarca también los partidos judiciales de Xàtiva y Ontinyent, entró en servicio a principios de 2007. Ocupó de forma provisional un bajo en la plaza de la Generalitat ante la perspectiva de que se construyera el anhelado Palau de la Justícia, un proyecto que no se ha materializado, por lo que los problemas de falta de espacio en un local que no reúne las condiciones para el uso que se le da se han multiplicado con el paso del tiempo.