Hay semanas que pasan a la historia de las localidades por algún acontecimiento relevante que rápidamente se sitúa como hecho que será recordado. Esta semana será rememorada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba la modificación del contrato aprobada por el Consorci Ribera-Valldigna en 2012, lo que se traduce en la paralización definitiva del macrovertedero que estaba previsto construirse en Guadassuar y la puesta en cuestión de todas las plantas de tratamientos de residuos que se distribuyen por el término municipal ribereño. La Justicia ha dado la razón con ello al Ayuntamiento de l'Alcúdia, ente que deberá ahora marcar el tempo del juego político con el que se decidirá qué se va a hacer con las naves de tratamiento de la comarca.
Las interpretaciones de la sentencia han sido varias desde que se conoció la noticia el pasado lunes. El consistorio alcudiano considera que se le da toda la razón y que el macrovertedero queda por tanto anulado definitivamente. Sobre el resto de plantas, todos los dirigentes políticos consultados muestran su voluntad de llegar a un consenso con los miembros implicados en el Consorci y permitir que sigan trabajando para que no exista un perjuicio mayor para los vecinos que, en caso de paralizaciones de empresas que ya están trabajando, serían los que acabarían costeando las indemnizaciones a las empresas por el lucro cesante. La otra versión llega de los nuevos directivos del Consorci, ente que cambió radicalmente tras las últimas elecciones del pasado mes de mayo. Ellos creen que la justicia no pone en duda la idoneidad medioambiental de las plantas y que simplemente se tumba el acuerdo de 2012 por una deficiencia administrativa provocada por el anterior presidente, José Ribera, y por la «prepotencia del PP», en palabras del actual máximo dirigente, Salvador Montañana. Es por ello que, entendiendo la posición de l'Alcúdia, no descartan recurrir (la vía ordinaria está inhabilitada) si los vencedores en el proceso judicial deciden (lo que no parece que vaya a pasar) hacer una enmienda a la totalidad y exigir el cierre de las diferentes plantas de tratamientos de residuos que forman parte del Consorci.
El intento de buscar una solución para el problema de la basura se inició hace ya más de una década. La comarca necesitaba (y necesita) plantas para el tratamiento de los residuos para no tener que enviarlos a cientos de kilómetros y aumentar con ello el precio que se cobra a los vecinos y vecinas de la Ribera. Sólo el transporte cuesta 2,5 millones anuales. Fue en 2005 cuando se constituyó el Consorci de Residus Ribera-Valldigna y en 2007 cuando el vertedero se decide ubicarlo en la partida de la Parra Alta y Fuente Seca de Tous. A pesar de la necesidad los trámites prácticamente se paralizaron hasta 2011, cuando empieza a haber interés en trasladar el emplazamiento a Guadassuar (con José Ribera como presidente del ente y alcalde de la localidad) y el precio de compensación al municipio por la instalación pasa de 1,20 euros a 3 por tonelada. Es ya 2011. Llega entonces un informe no favorable sobre Tous como sede. Fue el 3 de diciembre de 2012 cuando se aprueba la modificación gracias al 40 % de votos con el que contaban la Generalitat y la Diputación de Valencia (en manos del PP). De los ayuntamientos presentes 23 votaron para reconsiderar la problemática y 16 en contra. Diecisiete dieron el sí. En el tiempo transcurrido entre dicha decisión y la actualidad se han producido cambios políticos (con el fin de la marea azul) y los nuevos dirigentes han mostrado voluntad para buscar alternativas que aunaran un mayor consenso. Se habla de microvertederos repartidos por diferentes localidades de la Ribera y de menor número de ecoparques con vehículos motorizados que ayudarán en el reciclaje. Sin embargo, la justicia ha obligado ahora a acelerar la puesta en común para acabar con el mal olor del conflicto de la basura.
