Llaurí suma otra deuda a sus delicadas cuentas municipales. El pasado miércoles el pleno local aprobó solicitar un nuevo préstamo por valor de 671.046 euros para pagar expropiaciones, una sentencia judicial sobre un asunto urbanístico y a una antigua empresa concesionaria, según informó ayer la alcaldesa de la localidad, Ana González (PSPV).
Esta operación de tesorería fue aprobada por el Ministerio de Hacienda el pasado verano y ahora el pleno local la ha hecho efectiva con los votos a favor del PSPV y el PP; mientras que, Compromís decidió abstenerse. De estos 671.046 euros, alrededor de 96.000 euros se destinarán a pagar la empresa Urbe después de que se anulara un PAI (Plan de Actuación Integrada) en la localidad. El ayuntamiento derogó hace unos años este plan urbanístico porque los propietarios de los terrenos estaban en contra del proyecto, pero se ha tenido que indemnizar a los arquitectos redactores de los proyectos con unos 200.000 euros, de los que aún quedaban por pagar 96.000 euros.
La alcaldesa se mostraba ayer satisfecha con la aprobación de este nuevo préstamo porque así «podremos devolver poco a poco el dinero al Ministerio» y, de lo contrario, «hubiéramos tenido que pagar 96.000 euros de golpe».
Mientras que, la mayor parte del préstamo, un total de 539.000 euros, se destinarán a pagar diversas expropiaciones que se produjeron en el polígono de Llaurí en la década de 1980. Y entre 30.000 y 35.000 euros de este crédito se emplearán en abonar a la empresa Egevasa, antigua contratista del servicio de agua potable, el dinero que le debía el ayuntamiento después de que en 2005, tras la famosa moción de censura en que diversos partidos desbancaron del poder al PSPV, se adjudicó el servicio a Acciona.
Este préstamo se deberá pagar en 10 años y durante estos dos primeros años sólo se abonarán los intereses. La alcaldesa descarta, de momento, subir impuestos para afrontar este nuevo gasto, aunque reconoce que no sabe si dentro de dos años, cuando se empiece a pagar el dinero del préstamo, será necesario.
El gobierno de Llaurí también dio cuenta el miércoles de la aprobación del Plan Presupuestario para el periodo 2017-2019, destinado a supervisar que las cuentas estén equilibradas.
El municipio ribereño estuvo varios años con sus cuentas embargadas y éstas están sujetas a un plan de ajuste. Este ayuntamiento es uno de los que cuenta con mayor deuda por habitante de la comarca de la Ribera. En concreto, a 31 de diciembre de 2014 su deuda total era de 2.213.000 euros, es decir, debían 1.737 euros por habitante de Llaurí, según un estudio relativo al año 2014 y realizado por el portal de información de economía local Sielocal.
