La justicia vuelve a dar la razón a Més Algemesí y exactamente a su portavoz, Josep Bermúdez. Por segunda vez la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Alzira que no ve ningún tipo de delito en la actuación del portavoz algemesinense. La Audiencia considera que las declaraciones que Bermúdez realizó sobre el pago de una factura de 28.000 euros al cónyuge del entonces primer teniente de alcalde (con el gobierno de Vicent Ramón García Mont) se enmarcan dentro del ámbito de la libertad de expresión y no pueden ser consideradas ni injurias ni calumnias como pretendía el abogado acusador, Antonio Llácer.

«Desde que Més Algemesí hizo público que la factura de 28.000 ? había sido pagada, incluso existiendo un informe negativo en contra, y desde que consideró que su importe era demasiado elevado, se comenzó una campaña en contra mía para hacerme aparecer ante la opinión pública como un político imputado. El cónyuge de la número dos del ayuntamiento en ese momento, que era uno de los que facturaba, me denunció tanto por revelación de secretos como por injurias y calumnias hacia él», explicó ayer el portavoz de Més Algemesí.

La primera acusación la desestimó el juzgado el mismo día que la admitió. Posteriormente, la Audiencia Provincial ratificó tal actuación del juzgado indicando que informar al fiscal de lo que consideraba Més Algemesí que eran unas irregularidades no sólo era un derecho sino una obligación: «El denunciante, el concejal Bermúdez y Roses, se limita a cumplir con su obligación, que no se otra que la de poner en conocimiento de la autoridad aquellos hechos que entiende pudieran ser constitutivos de infracciones penales».

Ahora la Audiencia ratifica que Bermúdez no injurió ni calumnió a Llácer. La formación criticó el comportamiento de otros partidos por querer ofrecer a la opinión pública una imagen de Bermúdez como político imputado que no correspondía con la realidad, al ser un tema de una temática menor que nada tenía que ver con la corrupción. Según ratifica la justicia ahora, queda «dentro del marco político y actividad propia de una ayuntamiento, en el que los grupos de oposición pueden cuestionar la necesidad o no de un servicio y cuentan con libertad para darlos a conocer al resto de ciudadanos (...). No dejan de ser manifestaciones del derecho a la libertad de expresión y crítica política a quienes gobernaban en este caso el ayuntamiento».