La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha remitido al Ayuntamiento de Alzira un requerimiento de anulación del acuerdo municipal con el que se están municipalizando muchos de los servicios de limpieza de la localidad, caso de los colegios públicos o las dependencias municipales. El ente dependiente del Gobierno de España (y por tanto en manos del Partido Popular) ha amenazado (según la versión del tripartito de Alzira) con llevar el asunto a los tribunales para forzar la anulación de un pleno municipal que buscaba revertir la situación de privatización que durante años promocionó el ejecutivo de Elena Bastidas en la capital comarcal.
El gobierno tripartito (Compromís, PSOE y EU) paralizó finalmente el expediente de licitación tramitado por el PP a finales del anterior mandato para volver a contratar con una empresa la limpieza de colegios y otros edificios municipales entre los que se encontraban la biblioteca, el MUMA, la sede de Protección Civil o el hogar de jubilados Antonia Cerdá. Diez empresas pujaban por un contrato que el PP licitó en abril de 2015. El procedimiento contemplaba una adjudicación por cuatro años y un tipo de licitación inicial de algo más de 2,5 millones de euros. El PP no llegó a adjudicarlo y el nuevo gobierno que tomó posesión en junio del pasado año paralizó la resolución del expediente al señalar entre los objetivos del tripartito recuperar la gestión de servicios privatizados.
La Delegación del Gobierno acusa al gobierno municipal y a los técnicos del ayuntamiento que aceptaron el acuerdo de actuar en fraude de ley y se cuestiona la reversión de los servicios privatizados por el PP, requiriendo la anulación del acuerdo del pleno celebrado el 27 de enero, que recibió el apoyo de la Mesa General de Negociación del ayuntamiento.
Interés público
El actual ejecutivo alcireño considera que el ahorro económico estimado de su decisión de municipalización para el caso del servicio de limpieza, respecto a la privatización del gobierno que capitaneó Bastidas, es de más de 150.000 euros anuales y permite y permitirá que ninguna trabajadora se haya visto en la calle por esta decisión, además de que se puedan crear bolsas públicas de trabajo. En cambio, «las consecuencias de la aplicación del requerimiento de la Delegación de Gobierno podría suponer el despido de las 26 trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos y edificios municipales, no poder convocar bolsas públicas y privatizar un servicio con un coste de más de 500.000 euros anuales», expusieron los tres representantes de los partidos políticos que forman parte del gobierno alcireño, Diego Gómez (Compromís), Isabel Aguilar (PSPV-PSOE) e Ivan Martínez (Esquerra Unida del País Valencià).
Dichos grupos municipales, según explicaron ayer a este periódico, valorarán todas las opciones y las acciones que se realizarán en contra de lo que consideran un pulso de la Delegación de Gobierno y se actuará, según dijeron, «velando siempre por el interés público y por la mejor defensa del servicio y los derechos de todas y todos».
