El requerimiento de la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Alzira para que anule el acuerdo de reversión a la gestión pública del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales subrogándose a las trabajadoras de la empresa que lo venía prestando argumenta que esta decisión supone, por una parte, un fraude de ley «por un acceso encubierto a la función pública» de estas 26 personas y, por otra, alega un aspecto económico derivado del aumento del capítulo de Personal por encima del 1 % que establece como límite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. El gobierno municipal (Compromís, PSOE y EU) reiteró ayer que se trata de un requerimiento de «mucho calado político» —el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues (PP), está al frente de la misma— y una «injerencia» en la autonomía local al cuestionar la decisión del ayuntamiento de prestar por gestión directa este servicio.
Así lo mantuvieron el alcalde de Alzira, Diego Gómez, y el concejal de Recursos Humanos, Ivan Martínez, que consideran que la Delegación de Gobierno no se ha leído con detalle el acuerdo municipal. Los representantes del tripartito negaron que las trabajadoras que prestan el servicio se hayan integrado en la plantilla municipal de forma definitiva. «La Delegación del Gobierno obvia que existe la figura del indefinido no fijo», detalló Martínez, mientras el alcalde explicaba que se trata de contratos indefinidos hasta el momento en que se decida convocar un curso de méritos para cubrir las plazas.
Por otra parte, el tripartito alcireño admitió que se produce un incremento del capítulo de Personal al contemplar las retribuciones de estas trabajadoras pero, al mismo tiempo, defendió que se reducen los gastos en otra partida del presupuesto y en términos globales el cambio de gestión representa un ahorro de 150.000 euros. «El tema económico es irrisorio y no tiene ningún recorrido, hay que tener una visión global», incidió Diego Gómez, mientras se preguntaba si la Delegación del Gobierno estaba abocando al ayuntamiento a privatizar servicios.
«Garantizar los empleos»
El alcalde lanzó un mensaje de tranquilidad, defendió que el ayuntamiento va a garantizar los empleos de las personas «por encima de todo» y señaló que la base jurídica del requerimiento recibido «está por demostrar».
No obstante, el concejal popular José Luis Palacios señaló ayer que la impugnación por parte de la Delegación del Gobierno «era previsible», recordó que ya lo advirtió en el pleno ya que ha aplicado el mismo criterio que ha seguido «con todos los ayuntamientos independientemente del color político» y que el propio informe jurídico encargado por el gobierno municipal a un profesor de la Universidad de Valencia concluía con un dictamen negativo a la subrogación de la plantilla.
«Los propios técnicos municipales ya indicaban que ese acuerdo trababa de favorecer más allá de lo que dice la ley», indicó el edil, mientras cuestionaba abiertamente el argumento del ahorro económico esgrimido por el tripartito al defender el cambio de gestión y la reversión del servicio al sector público. «No es cierto, se basa en el ahorro del IVA, pero no incluye lo que tendrá que pagar el ayuntamiento por las sustituciones en caso de bajas, uniformes o la indemnización que se deberá abonar por despido en su momento a todos los trabajadores una vez se realicen las pruebas selectivas públicas para estas plazas», relató Palacios, responsable del área de Recursos Humanos en el anterior gobierno.
El concejal del grupo popular apuntó que el acuerdo de subrogación no es beneficioso ni siquiera para las propias trabajadoras ya que han pasan de estar fijas en la empresa a una situación de interinidad.
