El pleno del Ayuntamiento de Carcaixent ha aprobado, de forma unánime, la creación de una Comisión Antidesahucios que haga frente al desalojo forzado de ciudadanos de sus viviendas por el impago de créditos o alquileres como consecuencia de la crisis económica. En dicho comité será necesaria la colaboración de organizaciones sociales, asistenciales y entidades bancarias a las que se reclamará que ayuden al consistorio en su propósito. La iniciativa partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Ribera Alta y ha acabado complaciendo a todas las fuerzas políticas municipales.

La medida aprobada por el ayuntamiento insta, además, al gobierno de España y al de la Comunitat Valenciana a que asuman cinco reivindicaciones clave de la plataforma antidesahucios para que formen parte de la futura Ley de la Vivienda. Ese quinteto de reclamaciones se conoce como «Las cinco de la PAH». La primera de ellas sería la puesta en marcha de la dación en pago retroactiva; en segundo lugar, la plataforma cree necesaria la exitencia de alquileres asequibles; en tercer lugar, se trata de aplicar su propio lema 'Stop Desahucios', o seaevitar nuevos desalojos; seguidamente, se recalca la necesidad de crear un parque de vivienda pública y, por último, de garantizar los suministros básicos a las familias que más lo necesiten.

La PAH de la Ribera Alta se mostró satisfecha tras el desarrollo del pleno, en el que estuvo presente y fue partícipe, por el resultado de los acuerdos y agradeció su apoyo a todos los grupos municipales, ya que todos ellos apoyaron la propuesta. Pero la asociación no se conforma con lo conseguido y destaca que será necesario el apoyo de los ciudadanos para que se garantice la efectividad de este acuerdo por parte del Ayuntamiento de Carcaixent y de las demás partes implicadas. De igual modo, la agrupación ha destacado en un comunicado que el conjunto de alternativas y propuestas de la plataforma «han de servir para fortalecer la lucha contra la agresión de la banca y suponer un paso adelante en el derecho ciudadano a la vivienda y una vida digna».