La auditoría interna encargada po el actual gobierno de Cullera para concretar el alcance de la elevada deuda que recibieron del anterior gobierno del PP confirma los peores augurios. El estado de la economía municipal es grave. Desde hace años, a sabiendas de que la economía no era boyante, la deuda fue incrementándose y la situación llegó a ser realmente preocupante. Flanqueado por dos montones de cajas llenas con 5.775 facturas por valor de 25 millones de euros, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, presentó ayer en rueda de prensa el resultado de la fiscalización contable, una de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno con la ciudadanía para poner luz y taquígrafos a la situación de la economía del consistorio.
Entre las conclusiones a las que llega el estudio el primer edil destacó una muy elocuente: sólo el pago de intereses de la millonaria deuda dejada por el anterior ejecutivo del PP le han costado ya al contribuyente lo mismo que valdría acabar la piscina cubierta. Concretamente, a finales de 2016 el consistorio habrá abonado a los bancos 3.612.841 euros en intereses bancarios. A ello, habrá que añadir los que se pagarán hasta el año 2032, fecha en la que finaliza el plan de ajuste en el que está inmerso el ayuntamiento tras ser intervenido por el Estado en 2012. «Es la factura que nos ha dejado la mala gestión del PP», lamentó Mayor.
La auditoria de la deuda concluye que la mala praxis en la gestión municipal llevó al ayuntamiento al colapso económico y al extremo de decretar en 2012 la suspensión de los pagos no corrientes. Así, el «modus operandi» del anterior gobierno era el de acumular facturas sin consignación presupuestaria, «gastando muy por encima de sus posibilidades y sin control alguno», denunció el alcalde. «Lo que no se podía pagar iba al cajón y así el montón se hacía cada vez más grande», comentó. «A eso, hay que añadir los intereses de demora», continuó Mayor.
La máxima autoridad local detalló que el grueso de la deuda municipal empezó a generarse ya desde los primeros años de gobierno de los populares, en pleno boom económico. En 2005, ya se dejaron en los cajones facturas por valor de 2,2 millones de euros. En 2006 fueron 1,4 mientras que en 2007 la cifra se situó en 1,2. Ya en 2008 se volvieron a dejar facturas sin consignación por valor de 2,6 millones, por los 1,5 de 2009.
En 2010 y 2011 esta situación crítica se disparó y la cifra superó los 4 y los 5 millones, respectivamente. En 2012 las facturas sin consignación llegaron a los 2,4 millones y en 2013 a los 1,5.
Obras más caras por costumbre
Pero no sólo eso. Las grandes obras que se realizaron durante los años de gobierno popular „la mayoría de ellas subvencionadas como la plaza Andrés Piles, el Auditorio o el Mercado„ registraron sobrecostes del 20 %. «Es llamativo que todas hayan costado un 20 % más, casualmente el máximo que permite la ley», arguyó el primer edil cullerense.
«El despropósito y el descontrol en la gestión», en palabras de Mayor, forzó la intervención del ayuntamiento en 2012 con un duro plan de ajuste y la suscripción posteriormente de tres créditos ICO para pagar ese cúmulo de facturas. Las consecuencias del exceso en el gasto suponen hoy que los vecinos de Cullera tengan que pagar los impuestos más altos posibles y que la autonomía financiera del ayuntamiento haya quedado totalmente anulada.
Amortizar el ICO
Frente a la falta de liquidez, se decidió dejar de pagar a los grandes proveedores como la concesionaria de la basura, lo que acabó generando más intereses de demora. Sólo a esta empresa se le tendrán que pagar 900.000 euros por ese concepto.
Pese al desolador panorama que arroja la auditoría, el presidente de la corporación cullerense garantizó que la tesorería municipal está preparada para hacer frente al pago de la deuda. A partir de agosto de 2016 el consistorio tendrá que amortizar los créditos ICO y Jordi Mayor ya anunció que el ayuntamiento dispone de 2,2 millones de euros para pagar esos préstamos hasta finales de 2017. «Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los proveedores porque la tesorería municipal no está comprometida y los pagos están garantizados», concluyó.
