El Ayuntamiento de Guadassuar ha acordado iniciar de oficio la revisión de un acuerdo municipal adoptado en el año 2007 para impulsar la urbanización del polígono industrial de la Garrofera tras recabar informes jurídicos que indican que, en la adjudicación del contrato a la empresa Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum por parte del anterior gobierno del PP, se vulneraron los principios básicos de publicidad y concurrencia previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que éste se asignó «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Se da la circunstancia de que el ayuntamiento llegó a pagar a la empresa por gastos de proyectos, registro y notaría, entre otros conceptos, 1.175.494 euros en base a este contrato que el consistorio pretende anular a través de esta revisión de oficio.
El acuerdo para iniciar este procedimiento, en el que se solicitará un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, fue adoptado en el último pleno con el voto a favor de todos los grupos políticos, incluido el PP, según detalló el alcalde, Salvador Montañana, quien señaló que si finalmente se confirma que se abonó ese dinero de forma irregular el ayuntamiento podría exigirlo a la empresa o, llegado el caso, compensarlo ya que la constructora ha reclamado judicialmente al ayuntamiento otro millón de euros por trabajos vinculados a una segunda fase del mismo polígono. No obstante, Montañana defendió que el ayuntamiento «tiene perspectivas de ganar los dos casos».
Los informes jurídicos recabados por el gobierno municipal sobre el contrato para proyectar la urbanización del polígono industrial ya consolidado aunque sin las infraestructuras básicas -la denominada Garrofera 1, mientras que la fase dos planteaba una gran ampliación del suelo industrial en el linde con el término de l'Alcúdia- son contundentes al concluir que prácticamente se han vulnerado «todas» las normas en materia de contratación o que la anomalías detectadas «no son meras irregularidades invalidantes sino que suponen una grave violación de las normas esenciales que rigen en materia de contratación administrativa, no siendo subsanables o convalidables». Estos vicios derivarían en que se trata de un acuerdo nulo.
El alcalde de Guadassuar detalló que se adjudicaron ambas actuaciones a la misma empresa y que, si bien en un caso sí se siguió el procedimiento legalmente previsto, no fue así en el contrato que ahora se pretende anular. «La contratación se realizó a dedo», resumieron otras fuentes municipales. Montañana, no obstante, incidió en que la revisión de oficio aprobada por el ayuntamiento afectará a las dos fases y señaló que «si se pagó ese dinero cuando no se tenía que haber pagado queremos que se sepa».
«Un trabajo que no acabaron»
«El ayuntamiento pagó 1.175.000 euros por un trabajo que la empresa no acabó y eso es lo que nos duele y nos piden otro millón de euros por lo que tampoco han hecho», indicó el actual alcalde (Compromís), mientras recordaba que en el caso de la ampliación coincidió en el tiempo con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Guadassuar y la constructora alegó que al implicar una modificación sustancial del 25 % del presupuesto tenía la posibilidad legal de abandonar el proyecto y así lo comunicó.
El ayuntamiento respondió con una incautación de la fianza de 300.000 euros que había formalizado la constructora, una decisión que la empresa alcireña ha impugnado formalmente. El alcalde indicó que el ayuntamiento cuenta en este caso con un informe favorable del Consell Jurídic Consultiu.
