La exalcaldesa de Turís, Pilar Lozano (PP) forzó al Ayuntamiento de Turís a devolver 1'4 millones de euros de un aval a la mercantil ITRAE Desarrollos Urbanísticos pese a constar en un acta municipal la oposición expresa de la secretaria municipal, máxima responsable administrativa del consistorio. La funcionaria se había manifestado en contra de reingresar el dinero en la empresa que incumplió lo establecido en la adjudicación de los PAI del Polígono Industrial Norte y del Polígono Industrial Sur e inicialmente logró que el asunto se frenara para abrir un expediente formal de devolución del aval, pero un año más tarde Lozano logró su propósito con informes jurídicos ajenos al consistorio. De uno de ellos no consta ni siquiera un expediente de contratación para encargar ese servicio.
El consistorio que dirigía Lozano desoyó las recomendaciones legales de la secretaria y ni tan solo inició el trámite del expediente que la funcionaria aconsejó abrir para estudiar todos los detalles de la incautación del aval.
Conforme avanzó este periódico en exclusiva el pasado sábado, el 13 de octubre de 2013 el pleno del Ayuntamiento de Turís adoptó sendos acuerdos en relación con los expedientes de adjudicación provisional de los PAI del Polígono Industrial Norte y del Polígono Industrial Sur, donde en ambos casos se decía literalmente: «Iniciar la tramitación del expediente para la devolución del aval bancario depositado por la mercantil ITRAE Desarrollos Urbanísticos para su participación en el concurso, por cuantía de 720.000 euros emitido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo de fecha 25 de abril de 2008» en cuanto al Sector Norte, y en idéntico sentido para el Sector Sur, aunque en este último caso el aval era de 700.000 euros.
Según relata la entonces secretaria -que también ocupa el cargo en la actualidad- en dicha sesión plenaria, convocada con carácter extraordinario y urgente, en contra del criterio aconsejado por la funcionaria, «la señora Pilar Lozano presentó únicamente al pleno un informe de un letrado asesor favorable a la devolución del aval, informando 'in voce' esta secretaria (y así consta en acta), no estar de acuerdo con lo informado por el letrado asesor y proponiendo, en consecuencia, a la corporación que no adopte acuerdo de devolución del aval, sino que se limite a iniciar el expediente, como así se acordó finalmente».
La secretaria emitió con fecha de 15 de abril de 2014 sendos informes sobre la improcedencia de la devolución de los avales a la mercantil (que había entrado en concurso de acreedores y no desarrolló los proyectos previstos). En ambos informes de secretaría se indicaba la procedencia de ejecutar los avales como consecuencia de la situación concursal de la citada mercantil, así como los trámites a seguir para ingresar el importe de los mismos en la cuenta del ayuntamiento turisano, resaltando que en caso de que por los interesados se formulara alegación u oposición, sería necesario remitir el expediente, para su dictamen, al Consejo Jurídico Consultivo. «Dichos informes constaban en sus correspondientes expedientes desde la fecha de su emisión», adujo ayer la secretaria.
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2014, el pleno municipal acordó devolver y cancelar los citados avales, desoyendo las indicaciones anteriores de la secretaria (que constaban en acta) y añadiendo informes favorables a la alcaldesa por parte del anteriormente citado letrado asesor urbanista (contratado por el ayuntamiento), otro abogado externo «del que no existe ningún encargo ni expediente de contratación de sus servicios a tal efecto» „según subraya la secretaria„ y de una asesora de la Diputación de Valencia «cuyo carácter, tal y como se decía en el mismo, era meramente informativo», argumenta la funcionaria.
