Un opositor a una de las cinco plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Godella ha presentado un recurso para que se anule la prueba realizada el sábado y a la que estaban convocadas alrededor de 800 personas. El aspirante, vecino de Carcaixent, argumenta que fueron vulnerados sus derechos al no poder realizar el examen en valenciano y por el trato recibido por el presidente del tribunal.
Roberto Benavent se presentó en el campus de la Universitat en Burjassot para realizar la primera prueba y la experiencia fue todo menos agradable. «Además del caos organizativo que retrasó la prueba más de una hora, tuve un incidente con el presidente del tribunal que me causó tal nerviosismo que casi no veía las letras», explica. Cuando ya estaba dispuesto para comenzar, dio la vuelta al folio y comprobó que el cuestionario era en castellano. En ese momento solicitó a un miembro del tribunal que se lo facilitaran en valenciano. «Soy valencianoparlante, me descargo toda la temática en ese idioma y me resulta más fácil realizarlo en valenciano», apunta el joven.
Pero la cosa dio un giro cuando apareció el presidente del tribunal. «Se acercó a mi y con un tono de voz elevado me dijo que 'no lo tenemos en valenciano y no te lo vamos a dar; así que o lo haces en castellano o te vas'», relata Roberto. Su reacción fue la de levantarse y marcharse, pero una compañera le aconsejó que se quedara e hiciera el examen. El incidente sorprendió al resto de opositores y algunos pidieron respeto, calificando la escena de «humillante y violenta». La defensa no amedrentó al presidente que sentenció: «Aquí el que me la arme lo hecho a la calle».
Roberto Benavent ha solicitado al Ayuntamiento de Godella que anule la prueba al ver vulnerados sus derechos. El aspirante alega que la Constitución recoge que «las otras lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas» y que en la Llei d'Ús del Valencià se establece que la Administración «adoptará las medidas necesarias para impedir discriminación de los ciudadanos por el hecho de usar cualquier de las dos lenguas oficiales». Sostiene que al no poder realizar el examen en valenciano «he sufrido un agravio respecto al resto de aspirantes que sí lo han hecho en la lengua que deseaban». También defiende que el presidente del tribunal «incumplió» su cometido ya que «en lugar de facilitarme el ejercicio de mis derechos me incitó a que marchara sin realizar la prueba y en ningún caso dispuso nada para evitar y eliminar la anormalidad señalada». Además, censura que «no nos tratara con respeto».
