Los sucesivos recursos que desde hace una década ha interpuesto el Ayuntamiento de Alzira contra cada una de las liquidaciones por el canon de control de vertidos que le giraba la Confederación Hidrográfica del Júcar representarán finalmente un ahorro millonario. El equipo de gobierno ha acordado abonar cerca de 215.000 euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2006 y 2007 al considerar los técnicos que ya no se pueden reducir más tras haber conseguido una rebaja del 84 % respecto del importe que inicialmente pretendía cobrar la CHJ, que ascendía a 1,3 millones de euros, a razón de 652.528 euros por año.
La batalla presentaba varios frentes que se han ido decantando del lado del ayuntamiento y continúa abierta en las liquidaciones de los años posteriores, de 2008 a 2015, una vez ya había entrado en funcionamiento la depuradora que trata las aguas residuales de Alzira, Carcaixent, la Pobla y Villanueva de Castellón, lo que no impidió que el importe del canon girado a la comunidad de usuarios se disparara en el año 2010 por encima de 1,8 millones de euros tras una escalada progresiva. La aplicación de los nuevos criterios, en algunos casos debido a sentencias judiciales, provocaron que el importe del mismo se redujera, hasta estabilizarse en los 386.687 euros girados en los últimos tres ejercicios cerrados, liquidaciones que también han sido impugnadas por la comunidad de usuarios al mantener todavía algunas discrepancias.
Penalizaciones
Los ayuntamientos en un primer momento y después la comunidad de usuarios de la depuradora mostraban su disconformidad cada año con la penalización que sufrían por el retraso en obtener el permiso de vertido -la planta entró en funcionamiento en 2007 pero no logró esta autorización hasta 2012- y, en ausencia del mismo, la Confederación Hidrográfica equiparaba los vertidos al nivel de aquellos con una elevada carga contaminante, lo que multiplicaba el importe del canon. Esta práctica fue anulada por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, otro de los aspectos que justificaban las elevadas liquidaciones era que la CHJ contemplaba los vertidos como de carácter industrial cuando los municipios defendían su condición de urbanos. Todo cambió a partir del año 2012, cuando la comunidad de usuarios obtuvo la autorización de vertidos, y la liquidación que el año anterior ascendía a 1,5 millones se redujo ya a 328.282 euros, lo que no impidió que también fuera impugnada.
El Ayuntamiento de Alzira, a la espera de que se resuelvan el resto de recursos pendientes, ha decidido abonar las liquidaciones de los años 2006 y 2007 al entender que no queda ya recorrido jurídico. El consistorio, no obstante, en previsión de que antes o después tendrá que hacer frente al canon de los años posteriores, mantiene una reserva de cerca de 650.000 euros que ahora se dispone a elevar hasta 900.000.
Los técnicos municipales estiman que si se confirman los criterios alegados en los diferentes recursos, el importe que le correspondería abonar al ayuntamiento por las liquidaciones de los últimos ocho años ascendería a alrededor de 1,5 millones, una cantidad ligeramente superior a la que sumaban inicialmente los recibos de los años 2006 y 2007 que se lograron reducir a 215.000 euros.
