Visto para sentencia. En la última sesión del juicio contra el exalcalde de Benimodo y actual subdirector general de Recursos Económicos de la Conselleria de Sanitat Universal, José Luis Sanchis, el ministerio fiscal ratificó esta semana su petición de 2'5 años de prisión y hasta 8 años de inhabilitación especial para ocupar empleos o cargos públicos en cualquier escalón de la Administración. El juez organizó hasta tres sesiones por la ausencia del primer constructor de la parcela que fue centro de la problemática que acabó en un presunto delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio histórico por conceder una licencia de obras en el corazón del centro histórico sin exigir que se realizara previamente una cata arqueológica y que se respetara la trama urbana medieval, ya que con la edificación que se proyectaba se producía un ensanchamiento de la calle para permitir el acceso de vehículos a los garajes. A Sanchis le han acompañado en el banquillo los otros tres concejales que formaban parte de la junta de gobierno que otorgó la licencia y el entonces arquitecto municipal. La acusación pidió penas similares a las del fiscal para cada uno de los implicados después de aplicar el atenuante por dilación indebida, ya que la denuncia que dio lugar a este procedimiento se remonta al año 2007.
El juez preguntó a las partes si consideraban necesaria la participación del primer constructor y, al verse prescindible, dejó el juicio visto para sentencia, a la espera de una resolución que previsiblemente se conocerá ya en septiembre por la llegada de las vacaciones estivales. Eso sí, en el juicio se hicieron constar las declaraciones que el constructor ausente realizó en los juzgados de Carlet hace aproximadamente seis años. El fiscal mantuvo su posición de que los hechos eran constitutivos de un delito de prevaricación urbanística, por el que sostuvo su solicitud de penas de inhabilitación especial para el ejercicio de un empleo o cargo público durante ocho años y un año de prisión, y de un delito contra el patrimonio, por el que pidió penas de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros.
La junta de gobierno que presidía José Luis Sanchis (PSPV) concedió el 26 de septiembre de 2005 una licencia de obras para la construcción de un edificio en el número 6 de la calle Bertí que, según el Ministerio Público, «incumplía de forma flagrante las exigencias de la legislación del patrimonio histórico valenciano y del planeamiento local». La entonces concejal de la Agrupació d'Esquerres de Benimodo, Pau Armengol, denunció en la Fiscalía en octubre de 2007 el inicio de las obras al considerar que la autorización representaba un «atentado» contra el patrimonio histórico y artístico, ya que el solar se encuentra en una zona de protección arqueológica, el yacimiento denominado «Alquería Islámica de Benimodo», catalogado por la Conselleria de Cultura, por lo que resultaba imprescindible realizar una excavación arqueológica previa.
El escrito de acusación del fiscal argumentó que los acusados -Sanchis y los exconcejales Juan Manuel Pérez, Joaquín Cubel, Mª Amparo Puig y el entonces arquitecto municipal Damián Ascoz- eran conocedores de que la licencia concedida era «contraria a derecho». Tanto la consellera Carmen Montón como el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendieron que no se trata de un caso de corrupción y que, por tanto, no se había traspasado ninguna «línea roja» con el nombramiento del exalcalde como subdirector general de Recursos Económicos.
