La primera de las tres infraestructuras proyectadas hace casi una década por el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna para sustituir a la antigua planta de basuras de Guadassuar ha entrado en fase de pruebas y, si no surgen imprevistos, entrará en funcionamiento en la primera quincena de octubre, según confirmó ayer el presidente de este organismo, Salvador Montañana, tras la visita que esta misma semana realizó a las nuevas instalaciones junto al vicepresidente del consorcio, Fernando Pascual. Se trata de la planta de recepción de residuos y voluminosos que permitirá reducir considerablemente el rechazo -desperdicio que queda una vez completado al proceso de selección que se deriva a un vertedero-, que actualmente es del 60 %. Montañana recordó que, por contrato, el rechazo debe reducirse a un máximo del 44 %, si bien debido a las características de las nuevas instalaciones el consorcio prevé que pueda quedar «en un 30 % o incluso menos». «Es una de las plantas más modernas de la Comunitat Valenciana y esperamos que con estas instalaciones se pueda mejorar el tratamiento de los residuos porque separa hasta lo más mínimo», apostilló el edil alcireño Fernando Pascual.
Montañana explicó que parte de los residuos han empezado a derivarse a esta nueva planta para ajustar los procesos de alimentación y realizar las pruebas necesarias antes de que entre, previsilemente en un par de meses, a pleno rendimiento. El presidente del Consorcio de Residuos y alcalde de Guadassuar recordó que todavía está pendiente la recepción de las obras, aunque auguró que este trámite se podría formalizar la próxima semana.
Esta planta de recepción y triaje es la primera de las tres instalaciones que se proyectaron para que el consorcio comarcal asumiera la gestión de los residuos. Se ubica en el término municipal de Guadassuar, muy cerca de la planta de basuras que, durante años, tantas quejas ha provocado de los pueblos vecinos.
Su entrada en funcionamiento reducirá la actividad en las viejas instalaciones donde, de forma temporal, únicamente permanecerá la planta de compostaje. De hecho, el consorcio licitó en julio -y tiene pendiente de adjudicar- un contrato por un año con posibilidad de prórroga y un valor estimado total de 3,6 millones para la gestión de esta planta de compostaje mientras se construye la nueva. Montañana detalló que en marzo se concedió una prórroga en base a la necesidad de mantener un servicio público tras haber vencido el contrato y que el consorcio ha querido regularizar esta situación ya que el plazo para la construcción de la nueva planta es de un año. El presidente del consorcio comentó que la concesión de la Autorización Ambiental Integrada por parte de la conselleria a esta planta se presume inminente -recordó que en la fase de exposición pública no se han formulado alegaciones y oficiosamente le han indicado que se podría firmar la resolución favorable esta misma semana- y que, a partir de ese momento, únicamente estaría pendiente de la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Guadassuar.
Alternativas al vertedero
Más problemas, especialmente tras la sentencia del TJS que dio la razón al Ayuntamiento de l´Alcúdia, está generando la tercera instalación que contemplaba el consorcio para la gestión de los residuos que generan los 52 municipios de la Ribera y la Valldigna: el vertedero. «Seguimos buscando una solución y no será a largo plazo», comentó Montañana, mientras recordaba que el consorcio ha encargado a la Agència Energètica de la Ribera un estudio de posibles emplazamientos de vertederos en su ámbito geográfico que espera recibir el próximo mes de noviembre.
Fernando Pascual se mostró partidario de optar por pequeños microvertederos en lugar de un macrovertedero que siempre puede generar oposición en el municipio que se elija, si bien Montañana se mostró mucho más cauto y señaló que se trata de un asunto susceptible de debate. El presidente quiso recordar que cuando arrancó el contrato inicial allá por el año 2007 «medioambientalmente no había ninguna pega en ninguna de las fases del proyecto, ni siquiera en el vertedero», dijo, y que lo que había cuestionado la justicia era el proceso administrativo por el que en 2012 se modificó el contrato «que ha hecho que volvamos al contrato de 2007».
