Las deudas y la falta de liquidez asfixian al Ayuntamiento de la Pobla Llarga y la única solución que le queda es apretarse el cinturón. El consistorio aprobó ayer, en un pleno extraordinario, un plan de ajuste que le permita adherirse al fondo de ordenación arbitrado por el Gobierno para atender casos muy graves. De este modo, podría refinanciar las letras del préstamo estatal del plan de pago a proveedores y las sentencias y multas que el consistorio tiene pendientes. La subida progresiva del IBI es uno de los puntos destacados del nuevo plan. «Tenemos que generar más ingresos y la única manera de hacerlo es vía impuestos», explicó ayer el edil de Hacienda, Ximo Vidal.

La Pobla ha solicitado adherirse al fondo de ordenación del Estado. La alcaldesa, Neus Garrigues, se reunió el pasado martes con el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Valderrama, para tratar la delicada situación financiera del municipio de la Ribera. Garrigues explicó la imposibilidad de hacer frente a la próxima cuota del plan de pago a proveedores, por un valor aproximado de 150.000 euros. Así pues, la única solución que ha planteado el Gobierno central es dicha adhesión. Para que se incluya a la Pobla en este fondo se exige al ayuntamiento que apruebe un nuevo plan de ajuste económico.

Dicho y hecho, se convocó un pleno extraordinario a las 14,00 horas de ayer en el que el gobierno local presentó el plan que sustitye al anterior, de marzo de 2012. En él se incluye una subida del IBI de forma gradual y que contempla llegar al 0,63 % al próximo año y hasta el 0,75 en 2023 (actualmente se encuentra en 0,60). Además, se ponen en marcha diferentes medidas de ahorro energético así como un aumento del impuesto sobre construcciones y de algunas tasas. La reducción de costes de personal a través de jubilaciones y prejubilaciones es otro de los puntos de este plan. En palabras de Vidal, «la única manera que tiene un ayuntamiento de generar ingresos es con el aumento de los impuestos».

Peligran las nóminas

Adherirse a este fondo implica que el ayuntamiento refinancie, a través de una línea crediticia del ICO, las próximas cuotas del plan de proveedores y las diferentes sentencias (algunas acompañadas de multas por demora). El propio Vidal ha reconocido que las deudas «están asfixiando al ayuntamiento, pero los vecinos depositaron su confianza en nosotros y tenemos que hacer frente a esto, es nuestra responsabilidad».

La solicitud de adhesión está pendiente de aprobación. De no aceptarse, el ayuntamiento no podría asumir el pago de las nóminas: «Si no conseguimos esa refinanciación no habrá forma de pagar las cuotas del plan a proveedores, por lo que nos embargarían la mitad de la participación en los tributos del Estado; si eso ocurre, las nóminas están en peligro porque a día de hoy dependen de esos ingresos», sentencia Vidal.