Alzira se ha quedado sola. La capital de la Ribera Alta es la única localidad de la comarca que sigue adelante con la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos. Otros ayuntamientos lo han planteado, pero ante las objeciones que realiza el Gobierno central han pospuesto la decisión. Es el caso de Alginet o Algemesí, que llevaron propuestas en este sentido al pleno pero terminaron ampliando los contratos con empresas que se encuentran fuera del ámbito público. Una de las reivindicaciones de la izquierda al acceder a los gobiernos municipales era precisamente ésta, el rescatar de esta gestión privada de servicios. No obstante, la prudencia se ha impuesto a los ideales en la mayoría de casos y el gobierno alcireño es el único que sigue con paso firme estas políticas. Eso sí, el proceso se encuentra impugnado por la delegación de Gobierno y a la espera de lo que dictamine el poder judicial.

A principios de año, el tripartito alcireño presentaba sus presupuestos y algo más: la firme intención de asumir el servicio de limpieza de los colegios públicos. La premisa era que el cambio de gestión ahorraría a las arcas municipales cerca de unos 100.000 al año y que, además, repercutiría en las condiciones laborales de los empleados. Para dicho fin, el consistorio se hacía cargo de forma directa de los empleados de la empresa gestora a través de la figura del «fijo no indefinido». Una decisión cuestionada y rebatida por la oposición (PP), que veía numerosos inconvenientes de tipo legal en dicho plan. La respuesta de entonces sigue vigente a día de hoy: «La jurisprudencia avala este proceso, ya que existen sentencias favorables en otras provincias, nosotros no hemos inventado la rueda», manifiesta el gobierno local.

Renuncia de ideales

Alzira no inventó nada, pero marcó el camino a seguir para otros municipios. Algemesí y Alginet plantearon la posibilidad de asumir, también, las plantillas de las empresas que gestionaban la limpieza en un proceso similar al alcireño. Tras conocer la impugnación por parte de la delegación del Gobierno, que cuestiona la subrogación de la plantilla, ambas recularon. Algemesí terminó firmando un nuevo contrato por un año con una posible prórroga de otro con una empresa privada. La propuesta que inicialmente llegó al pleno era de cuatro años, lo que desató una pequeña tormenta institucional ya que Més Algemesí advirtió de que se replanteaba su apoyo al gobierno que encabeza la socialista Marta Trenzano, que se limitó a «cumplir la legislación española aunque eso implique renunciar a los ideales».

No diferente fue la situación en Alginet. El equipo de gobierno que encabeza Compromís aceptó estudiar la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos. Pero se quedó en eso. El último pleno sirvió para que quedara patente la soledad de Alzira ya que, al igual que Algemesí, se concedió un nuevo contrato a la empresa privada (de un año más otro opcional) para que mantuviese el servicio. El alcade, Jesús Boluda, reconoció que la mejor opción era esperar.

Así pues, los municipios de la comarca se quedan a la expectativa a la espera de ver cómo se resuelve el litigio de Alzira. Y, si se resuelve de manera favorable, los gobiernos progresistas tendrán un espejo en el que mirarse para acometer la municipalización sin necesidad de enfrentarse al Estado. Tan sólo la localidad alicantina de Aspe se mantiene firme pese a las presiones estatales y se encuentra en una situación como la alcireña.