El escándalo de la foto ha generado el rechazo unánime de los sindicatos, que reclaman medidas disciplinarias e instan a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a denunciar la situación ante el Ministerio Fiscal.

Uno de ellos, la Intersindical Valenciana, ha exigido «la depuración de responsabilidades de todos los cargos relacionados con el funcionamiento y gestión de la residencia, así como una auditoría sobre la calidad asistencial del centro para asegurar que se está prestando una asistencia digna para nuestras personas mayores».

A su vez, se ha mostrado crítico con lo acontecido estos días: «Consideramos inadmisible y denunciamos con contundencia la perversa utilización de la imagen de una persona mayor, caída en el suelo, medio desnuda y atada a la cama por una pierna; esta fotografía atenta contra los principios básicos de dignidad del ser humano». A esto han añadido su indignación y rechazo: «En ningún caso podemos aceptar que ésta sirva como un instrumento de reivindicación laboral».

El sindicato también ha recordado que, durante muchos años, «se ha denunciado el déficit de personal, tanto en este como en la mayor parte de los centros de atención directa, que se agrava durante los periodos de vacaciones al no sustituirse la totalidad del personal, con la consecuente precarización cualitativa en la prestación de servicios».

Otro de los sindicatos que se ha mostrado crítico con lo ocurrido en Carlet es UGT, que ha manifestado, también, las «múltiples denuncias públicas de las deficiencias de personal en esta Residencia, pero la utilización de esa foto y la vulneración de la intimidad y la dignidad de los residentes merecen nuestro absoluto rechazo y la exigencia de responsabilidades en el orden penal y disciplinario». Según el mismo sindicato, «la cesión de la fotografía de un anciano en el suelo de su habitación en la Residencia de Personas Mayores Dependientes de Carlet puede constituir infracciones penales».

UGT ha instado, por ese motivo, a la conselleria a que presente denuncia ante la Fiscalía «para el esclarecimiento de los hechos y la exigencia a las personas y entidades implicadas de la responsabilidad penal en que se hayan podido incurrir». Además, ha expresado su apoyo al gobierno valenciano en su defensa de los servicios sociales públicos, por lo que está participando «desde hace meses con la Conselleria en las negociaciones y estudios de los procesos de mejora de la calidad asistencial y de las ratios de personal de las residencias públicas».