El gobierno valenciano ha decidido rescatar del cajón del olvido el proyecto del Palacio de Justicia de Alzira aunque, según se desprende del anuncio realizado ayer por la consellera Gabriela Bravo, tras veinte años de espera y sucesivas promesas incumplidas por anteriores gobiernos, toca empezar de cero. Bravo defendió que la construcción de una nueva sede que acabe con la actual dispersión -los juzgados de Alzira se reparten por tres edificios, sin contar la Fiscalía- es una «prioridad» para el actual Consell y señaló que el próximo año habrá una partida presupuestaria para encargar la redacción del proyecto. «Yo estaría satisfecha si durante 2017 pudiéramos tener el proyecto y preparados los pliegos para adjudicar la obra», comentó Bravo, mientras recordaba que cualquier proceso de licitación precisa de entre seis y ocho meses.

El actual gobierno autonómico (PSOE-Compromís) retoma el proyecto cuando se cumplen veinte años del anuncio de la construcción del Palacio de Justicia de Alzira por el entonces conseller del área José Joaquín Ripoll (PP), que contemplaba iniciar las obras en el año 1997. La misma promesa repitieron prácticamente todos sus sucesores e incluso el pleno del Consell autorizó en mayo de 2007 la construcción del edificio en la parcela de 2.300 metros cuadrados que había cedido el Ayuntamiento de Alzira para este fin. Una crisis interna del PP con un distanciamiento entre el gobierno municipal y el autonómico paralizó en un primer momento la promesa de Ripoll y la crisis económica relegó después una inversión cifrada hace ya casi una década en 12,4 millones de euros, entre el coste de la obra y el equipamiento.

Gabriela Bravo, no obstante, dijo ayer que no tenía constancia de que existieran proyectos anteriores y que, en todo caso, si se encontrara en la dirección general alguno0 «que pueda ser útil», se tendrá en cuenta.

La consellera expuso que «es hora de acabar con la dispersión y con infraestructuras que no reúnen las condiciones de salubridad necesarias» para garantizar unas condiciones dignas a los profesionales y usuarios de la justicia y, tras señalar que pretendía ver de qué forma podía colaborar el ayuntamiento en afrontar la construcción de esta nueva sede judicial, señaló como objetivo que el próximo año se pueda redactar el proyecto y que el nuevo edificio pueda ser una realidad antes de acabar la legislatura.

«En el capítulo de infraestructuras tenemos que priorizar. Somos un Consell responsable y hay que atender las prioridades, hay que gestionar mejor, aplicando la austeridad, eficacia y eficiencia para que con los escasos recursos que tenemos podamos garantizar los servicios públicos para los ciudadanos», explicó la consellera de Justicia, antes de anunciar que los presupuestos de su departamento contemplarán el próximo año una partida «para empezar ya todo el proyecto de la nueva sede judicial de Alzira».

Cabe recordar que los juzgados de instrucción de Alzira se distribuyen en dos edificios cedidos por el ayuntamiento. El más antiguo, en la calle Ronda de Algemesí, genera de forma cíclica quejas por problemas de falta de espacio y de accesibilidad. El juzgado de lo penal ocupa otro local diferente en la plaza de la Generalitat.