La Conselleria de Justicia ha paralizado el traslado del juzgado de lo penal a los locales de la Parrilla que ha ofrecido el ayuntamiento hasta que el Consejo General del Poder Judicial decida sobre la continuidad o no de esta sala en Alzira. Gabriela Bravo reveló ayer que en agosto recibió una resolución de la comisión permanente por la que se comunica a la conselleria el inicio del expediente para valorar si los juzgados de lo penal desplazados regresan a Valencia o no. Cabe recordar que la Inspección de Trabajo otorgó en mayo un plazo de cuatro meses al Consell para habilitar unas nuevas instalaciones ante las múltiples deficiencias de la actual sede.

«Somos conscientes de los graves problemas que afectan a la sede del juzgado de lo penal de Alzira, pero hemos comunicado a la Inspección de Trabajo que estamos a la espera, porque si el CGPJ decide que se traslade a Valencia habrá que buscar un emplazamiento allí, y se decide que se quede en Alzira, obviamente, buscaremos una solución provisional para que tenga una sede digna mientas se construye el Palacio de Justicia», comentó.

Gabriela Bravo subrayó que la decisión sobre la continuidad o no de esta sala en Alzira no es una competencia de la Generalitat y que será el expediente abierto por el CGPJ el que decida sobre el futuro del juzgado.

La consellera, no obstante, reivindicó una revisión de la Ley de Planta y Demarcación Judicial ya que, según dijo, se trata de una norma de finales del siglo XIX que, si bien ha sido modificada en algunos aspectos, «no responde a las necesidades de esta sociedad del siglo XXI». Bravo defendió que por la importancia del partido judicial de Alzira, la cantidad de asuntos que genera y el peso de la comarca probablemente en esa reforma se debería contemplar que fuera sede de un juzgado de lo penal «como es Gandia».

Por otra parte, anunció que el sistema Lexnet, que ofrece la posibilidad de presentar por vía telemática los documentos, se implantará en los juzgados de Alzira a partir del 3 de octubre. La consellera indicó que en una primera fase este sistema estará activo para los colegios profesionales y más adelante para la fiscalía.