El Ayuntamiento de Alzira ha desestimado la solicitud de suspensión temporal de un programa urbanístico que proyecta la ampliación del casco urbano de la Barraca y ha emplazado al agente urbanizador a iniciar las obras con el acta de replanteo en el plazo de un mes, una vez se le notifique el acuerdo adoptado el miércoles por la corporación. El programa del denominado sector PPR-13 se arrastra de los años del «boom» inmobiliario -se presentó formalmente el 29 de julio de 2005- aunque se trata de una actuación que ya estaba prevista en el PGOU . El proyecto contemplaba la urbanización de unos 17.000 metros cuadrados justo a la entrada del núcleo urbano por la CV-50 desde Alzira, generando suelo para un centenar de viviendas, según los datos que se ofrecieron en su momento.
La tramitación de la documentación que conlleva el desarrollo de un PAI se prolongó en el tiempo y, con la reparcelación ya inscrita, el agente urbanizador solicitó el año pasado acogerse a la posibilidad legal de dejar en suspenso la ejecución del programa durante dos años, con la posibilidad de una prórroga de otros dos.
Pago con terrenos
El Ayuntamiento de Alzira requirió al promotor para que garantizara el valor de las parcelas que había recibido de los propietarios que habían pagado con terrenos sus cuotas de urbanización aunque el aval aportado por la empresa no cumple las expectativas.
La concejal de Proyectos Urbanísticos, Sara Garés, explicó en el pleno que el urbanizador había presentado como garantía una finca «gravada ya por cuatro hipotecas», por lo que se ha desestimado al no cumplir el requerimiento que el ayuntamiento realizó en 2015 para dar curso a la suspensión temporal del programa. Garés señaló señaló que el agente urbanizador tendrá que iniciar las obras en el plazo de un mes a contar desde que se le notifique el acuerdo.
Según ha podido saber Levante-EMV, el ayuntamiento había reclamado que el aval cubriera terrenos valorados en 522.000 euros y que la finca aportada por el urbanizador no alcanzaba esa cantidad en base al cálculo de los técnicos sin entrar a valorar el problema que representan las hipotecas previas.
Los informes jurídicos, no obstante, también advierten de que el hecho de que la finca ya contara con cuatro hipotecas ya supone por sí solo causa para rechazar el ofrecimiento de la garantía ya que, en este proceso, el ayuntamiento debería contar con la primera hipoteca a su favor.
