La decisión de crear un servicio mancomunado que asuma la retirada de caballos de la vía pública para poder hacer cumplir las ordenanzas ha chocado de plano con una realidad: no existe en la Comunitat Valenciana ninguna empresa que reúna los requisitos que exige la ley para realizar esta actividad. Así se evidenció en la reunión que una representación de la Mancomunitat de la Ribera Alta encabezada por su presidente, Txema Peláez, y el alcalde de Alzira, Diego Gómez, impulsor del servicio para atajar una problemática que ha generado numerosas quejas en el barrio de l'Alqurieta, mantuvo días atrás con el director general de Ganadería, Roger Llanes.
Gómez ya dejó entrever en el último pleno que el problema no tiene fácil solución ante el ruego de la concejal del PP Chelo Martínez para que se actúe ante la presencia -según algunos vecinos cada vez mayor- de equinos en calles y zonas verdes de l'Alquerieta. «Es un tema complicado, estamos mirando empresas que tengan toda la documentación y vamos a intentarlo», respondió el alcalde, que ya tenía en su agenda la reunión con el director general en la que se confirmó lo que la Mancomunitat ya había constatado tras licitar un contrato. Ninguna empresa cumple por sí sola los tres requisitos fundamentales que, a grandes rasgos, exige la ley: por una parte, tener las licencias de actividad correspondientes como refugio de acogida, la declaración de núcleo zoológico y, a su vez, la autorización para el transporte de animales.
El alcalde de Alzira, Diego Gómez, explicó ayer que en la reunión se acordó buscar una especie de alianza o acuerdo entre empresas de forma que mientras una ofrezca las instalaciones para la acogida de un caballo que se haya podido retirar de la vía pública al encontrarlo vagando o simplemente por incumplir las ordenanzas municipales, otra se encargue del servicio de transporte. Gómez mostró su interés en que, además de Alzira, municipios como Algemesí o Carlet, que pueden tener un problema similar en algunas barriadas se adhieran al servicio, y de regular pefectamente el mismo para evitar problemas legales con los propietarios de los caballos que se retiran de la vía pública. La ausencia de un lugar donde mantener en condiciones los equinos hasta que el dueño abona la sanción oportuna supone un impedimento a la hora de aplicar las ordenanzas.
