La sospecha del inminente traslado a Valencia del juzgado de lo Penal número 15, que desde Alzira atiende también los partidos judiciales de Xàtiva y Ontinyent, volverá a movilizar a profesionales del Derecho. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Alzira convocó ayer para el próximo viernes un acto en defensa de la permanencia de esta sala en Alzira al considerar que su regreso a Valencia «perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos de la Ribera Alta, la Costera y la Vall d'Albaida». La concentración tendrá lugar el viernes a las 11 de la mañana frente a la sede del colegio, en la plaza del Sufragio. «No vamos a parar», advirtió ayer el decano de los abogados, Antonio Llácer.
El colegio ha convocado esta movilización tras recibir informaciones «oficiosas» de que el traslado del juzgado de lo Penal se ha previsto para principios de enero. Se trata de la segunda vez en apenas un año que el colegio se moviliza contra la supresión de una sala que Alzira reivindicó durante prácticamente una década y que entró en servicio a principios de 2007.
Un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fechado en septiembre de 2015 que abogaba por el traslado a Valencia capital de las tres salas de lo Penal desplazadas -Alzira, Torrent y Paterna- al considerar que la descentralización se había demostrado «poco eficaz» -la sala de Alzira era entonces la más saturada de la provincia- ya provocó el rechazo frontal del Colegio de Abogados de Alzira, que dirigió una carta a los 83 ayuntamientos de los tres partidos judiciales adscritos a la sala para que se pronunciaran en contra de la medida y en la que advertía de que tanto la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, eran partidarias del traslado. Llácer valoró la propuesta como «descabellada y nefasta».
La Sala de Gobierno del TSJ avaló con posterioridad el traslado si previamente se cumplían unas condiciones como la creación de un servicio común de ejecutorias -en el caso del juzgado de lo penal de Alzira se trasladaron en su día a Valencia para aliviar la elevada carga de trabajo que soportaba-, la aplicación de un plan de refuerzo que desatascara la sala y la creación de un juzgado más de lo Penal en la capital.
El Ayuntamiento de Alzira había ofrecido a la conselleria unas nuevas instalaciones debido a la falta de condiciones del local que ocupa la sala desde su creación, si bien la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya dejó claro a mediados de septiembre, durante una visita a Alzira, que el traslado a los locales de la Parrilla se había paralizado a la espera de que el CGPJ decidiera sobre la continuidad o no del mismo en Alzira. Las informaciones que llegan al Colegio de Abogados apuntan que la decisión parece tomada y fuentes del mismo indicaron que, al parecer, incluso se habría buscado acomodo a los trabajadores del juzgado número 15 en la Ciudad de la Justicia para un inminente traslado que podría producirse a principios del próximo año y que esperan frenar a través de una serie de movilizaciones que darán comienzo la próxima semana. El Colegio de Abogados de Alzira ha remitido el acuerdo adoptado ayer en junta a diferentes instituciones del área afectada para que secunden su oposición al traslado de la sala de lo Penal ya que consideran que supone alejar la justicia de los usuarios y un quebranto para profesionales y testigos que se verán obligados a desplazarse de nuevo a Valencia con el gasto y la pérdida de tiempo que ello comporta.
