El acuerdo alcanzado por el Consorcio de Residuos, el Ayuntamiento de l'Alcúdia y la empresa concesionaria para cumplir la sentencia del TSJ que anula la modificación del contrato aprobada en febrero de 2012 -el consistorio alcudiano impugnó las resoluciones adoptadas por el anterior gobierno del consorcio (PP)- y devolver la «paz social» al ente contempla una serie de propuestas para mejorar la gestión de los residuos entre las que destaca la construcción de una planta de biomasa que aprovecharía los restos de poda para generar energía y, al mismo tiempo, un ingreso extra al consorcio. En base al acuerdo, la empresa Reciclados Ribera del Xúquer se compromete a realizar en un año un estudio de viabilidad que permita determinar la inversión que requeriría esta nueva instalación, los gastos de explotación y los posibles ingresos. Será en ese momento cuando el consorcio decida si impulsa el proyecto.
El presidente del consorcio, Salvador Montañana, mostró su voluntad durante las reuniones celebradas para dar forma al acuerdo de ofrecer a la Generalitat esta planta para que pueda acometer un plan de limpieza tanto de las montañas de la Ribera como de los cauces de los ríos. La idea consiste en habilitar junto a las nuevas instalaciones que el consorcio tiene en Guadassuar una planta de generación de energía eléctrica que se alimentaría de biomasa. El vicepresidente del consorcio, Fernando Pascual, destacó que esta planta permitiría reducir el volumen de rechazos que se destina a vertedero. El representante de l'Alcúdia en el consorcio, Paco Sanz, detalló por su parte que se está hablando de una planta «pequeña» que también daría una solución al problema que para muchos ayuntamientos representan hoy los restos de poda.
El acuerdo a tres bandas que el consorcio prevé ratificar antes de acabar el mes también incluye otros compromisos por parte de la empresa «con un calendario concreto» -apostilló Fernando Pascual- como el estudio para habilitar una instalación en la que se puedan destruir restos funerarios -en el argot se denominan residuos procedentes de restos no humanos- de forma «ambientalmente adecuada» para ofrecer una solución a los ayuntamientos. La empresa también deberá presentar en el plazo de un año un estudio que detalle el coste de la inversión y la gestión, así como el canon que deberán aportar los municipios.
El acuerdo alcanzado, como ya informó Levante-EMV, confirma que el emplazamiento elegido para el vertedero en el término de Guadassuar está descartado -el consorcio ya encargó a la Agència Energètica de la Ribera meses atrás que buscara alternativas-, permite que la planta de selección y triaje que se encuentra en pruebas desde agosto entre en pleno rendimiento al aportar seguridad jurídica a la misma y, por otra parte, se descarta recuperar la previsión de construir hasta 49 ecoparques -al anular la modificación contractual de 2012 se regresa al convenio vigente en 2007- para mantener los 22 existentes a los que se añadirán uno nuevo en l'Alcúdia, otro junto a la misma planta, dos más en Turís y Corbera, así como la ampliación del de Alzira.
