La primera movilización convocada por el Colegio de Abogados de Alzira contra el traslado a Valencia del juzgado de lo Penal reunió ayer a cerca de un centenar de profesionales que, tras una pancarta con el lema «En defensa dels ciutadans. No al trasllat del jutjat del Penal 15», recorrieron la distancia que separa el edificio judicial de la plaza del Sufragio del ayuntamiento, donde se sumó a la protesta el alcalde de Alzira, Diego Gómez.

«Estamos disgustados porque va a tener trágicas consecuencias para los ciudadanos de Alzira», comentó el decano de los abogados, Antonio Llácer, mientras Gómez desvelaba en la última visita a Alzira de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya le advirtió de que tendría que volver para explicar a los afectados la decisión que tomara sobre esta sala. El alcalde de Alzira (Compromís) defendió que no tiene sentido suprimir este juzgado cuando la consellera anunció que va a rescatar el proyecto del Palacio de Justicia y planteó que mientras se construye la nueva sede podría permanecer de forma transitoria en los locales que ha ofrecido en la Parrilla.

Llácer dijo tener la «plena convicción» de que el traslado a Valencia «está casi decidido» y, frente a lo que valoró como una estrategia para no asumir la responsabilidad con el argumento de que la decisión se toma en Madrid, no dudó en señalar que la propuesta de suprimir los juzgados desplazados -Alzira, Torrent y Paterna- sale de Valencia y, en concreto, del Tribunal Superior de Justicia «ayudado por la conselleria». «Es un tema claramente económico para la conselleria y un claro tema de empecinamiento por centralizar los juzgados por parte de la presidenta del TSJ y del decano de los jueces de Valencia», incidió Llácer, que considera que plantean el traslado a Valencia «por su comodidad» sin valorar las consecuencias de esta decisión para los usuarios y las fuerzas de seguridad por los continuos desplazamientos.

El decano de los abogados cargó con dureza contra la conselleria, a la que considera responsable del colapso que sufre esta sala -«argumenta que no hay calidad, pero la culpa de que no la tenga es suya, no de ahora, sino de la anterior y la anterior, que no la han dotado de medios y personal para que no pase lo que está pasando», dijo- y reveló que tanto el Consejo General de la Abogacía Española como el consejo autonómico respaldan al colegio de Alzira en su defensa de este juzgado. Llácer indicó que los dos magistrados que lo atienden son partidarios de continuar aqui a pesar de que, según dijo, por la carga de trabajo que soportan «están dictando el doble de sentencias que según el baremo del CGPJ tendrían que dictar». Gómez, por su parte, detalló que la conselleria podría ocupar la sede de la Parrilla con una inversión de apenas 6.500 euros. En este sentido, Llácer apuntó que la conselleria nunca ha pagado un alquiler por el inmueble de la plaza del Sufragio que ocupa, que el ayuntamiento le cedió, según recordó, en época de Paco Blasco «por 500.000 pesetas al año».