El pacto de gobierno de Sueca, firmado por Compromís y el conservador Grup Independent Sueca Perelló i Mareny (GISPM), ha aprobado subir en 2017 el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la plusvalía o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). En la oposición, votó en contra el PP mientras que PSPV-PSOE y Ciutadans se abstuvieron. Sucedió en un Pleno extraordinario convocado a las ocho de la mañana, la hora clave en la que los gobiernos suecanos acostumbran para celebrar aquellos plenarios en los que los puntos a tratar son ciertamente espinosos. No es nocturnidad y alevosía, pero algo similar.
Compromís incumple así una de sus promesas electorales de no subir impuestos. El GISPM obvió este detalle en su programa. Desde el gobierno local hablan de «ligero incremento». Ligero, pequeño o leve, siempre será un aumento que vecinas y vecinos podrán comprobar cuando les llegue el pertinente recibo del año 2017. Viene ello a cuento porque cierta clase política acostumbra a explicar (u ocultar, ¿quién sabe?) estas cifras en tejemanejes técnicos de decimales y coeficientes.
El gobierno local ha aprovechado la ocasión para avisar de que el IBI no bajará en 2018, pese a que el valor de los bienes inmuebles ha caído como consecuencia de la crisis. En 2017 se llevará cabo la revisión catastral tras diez años del «catastrazo» de 2007 que dejó medio grogui a la población de Sueca. Así, pues, que nadie se haga ilusiones: seguirán pagando lo mismo (más) por unos inmuebles de menor valor (por menos).
Otro de los argumentos esgrimidos para mantener esos niveles de presión fiscal es la de que en la capital de la Ribera Baixa se paga menos que en otras poblaciones similares. ¿Triste excusa, deseo o envidia del vecino? Vayan ustedes a saber.
Compromís y GISPM se escudan en las necesidades municipales para mantener este impuesto. Ni tan sólo se han planteado cómo resolver la ecuación. En este punto sería conveniente recordar que los últimos gobiernos de Sueca se han hartado de llenarse la boca y sacar pecho por cerrar la cuenta general anual con superávit. El último de ellos, el de 2015, de 2,8 millones de euros. «Salimos a 100 euros por habitante», pensarán algunos.
El Ayuntamiento de Sueca acaba de pagar poco más de 34.000 euros por recargo al abonar cuotas a la Seguridad Social fuera de plazo; también satisfará 170.000 euros a la empresa que regentó la piscina cubierta municipal entre del año 2009 a 2013; la revisiones de precios de la mercantil encargada de la basura y limpieza viaria también cuestan unos centenares de miles de euros; y las sentencias de los planes urbanísticos no finalizados están al caer. Todo ello por no mentar el derribo de una fase de la biblioteca sin que ningún arquitecto se atreviera a firmar presuntas deficiencias denunciadas por alcalde y concejales; la sanción de cerca de un millón de euros condonada a una empresa que gestionaba la piscina cubierta municipal; el gasto descontrolado de las últimas fiestas mayores; o los 235.000 que preven gastarse en dos abogados durante los próximos cuatro años.
Cierto es que la administración pública necesita financiaciarse para su funcionamiento. Obviaré el aumento de sueldos de los ediles, a pesar de que uno de ellos cobra lo mismo que cuando fue alcalde y se le ve pocas horas el pelo por las dependencias municipales. Las desagradables sorpresas en forma de deudas no cesan de aflorar. El dinero se va del ayuntamiento a espuertas como consecuencia de una deficiente gestión política. Veremos qué sucede en el terreno judicial respecto a los planes urbanísticos iniciados hace dos legislaturas y que siguen paralizados. Ahora se entiende el afán recaudatorio, si bien, las promesas, promesas son, y la mentira, impostura.
