La pesadilla no ha acabado para los agricultores de la Comunidad de Regantes y Sindicato de Riegos de Cullera. La empresa inmobiliaria Best in Spain ASC SL ha procedido al embargo de todas las propiedades de la comunidad tras la resolución a favor del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alzira, que secunda una infinidad de decisiones judiciales anteriores que han ido dando la razón a la empresa, en un proceso que se alarga ya diez años. El último movimiento de los regantes ha sido la reclamación de amparo al Tribunal Constitucional en un intento de que se declaren inembargables dos zonas por las que transcurre el agua y que por lo tanto (en caso de pasar a otras manos) dificultarían los trabajos de riego. Sin embargo, la justicia ya se ha pronunciado al respecto. Hasta nueve jueces han dado la razón a la mercantil, que busca recuperar la inversión millonaria efectuada en 2006.
Los peritos de la empresa estimaron que las propiedades embargadas debían ser más de las que constaban en la primera relación judicial. Las ampliaron y el juez les volvió a dar la razón, con lo que la mercantil se ha hecho con todos los bienes de la comunidad de riego cullerense, que cuenta con cientos de socios. Entre las propiedades se encuentra uno de las dos azudes de Cullera, además de pozos, compuertas, solares, maquinaria agrícola o la misma sede de la sociedad de riegos.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alzira acordó que las comunidades de regantes «tienen naturaleza mixta privada, por lo que sí puede acordarse el embargo de sus bienes dado que persiguen fines de naturaleza privada». Dicho auto, además, agotaba la vía judicial ya que no cabía recurso. Por ello los abogados de la Comunidad de Regantes han elevado un recurso de amparo al Constitucional al considerar que hay un privilegio de inembargabilidad de los bienes y derechos públicos.
Piden la nulidad del embargo de las fincas registrales de Cullera «n.º 23.507 y 60.148 al resultar inembargables dada su función y uso público, pues la primera debe garantizar la regulación del nivel del lago de San Lorenzo que se encuentra dentro del Parc Natural de l'Albufera y la segunda debe regular el caudal y riego de las fincas a las que abastece la Acequia del Rey». Reclaman por ello el levantamiento del embargo. Algunos expertos consideran que esta nueva reclamación, en caso de perderse, aumentaría la deuda de los comuneros en unos 400.000 euros más.
La reclamación ante el Constitucional no paraliza la subasta, que tendrá lugar incluso con las dos propiedades que allí constan. Lo único que no han podido embargar (dada su consideración legal) son las acequias. Todo lo otro se subastará y según los peritos se podrán obtener alrededor de tres millones de euros. Sin embargo, la Justicia exige (en múltiples decisiones que han sido incluso ratificadas por el Supremo) la devolución a la empresa de la inversión inicial, que ascendía a unos 4 millones, además de obligar a los regantes a pagar las costas del juicio y los intereses, con un montante final que ascendería a unos nueve millones de euros.
En marzo del año pasado, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la compañía después de nueve años de litigio y obligó a los regantes a devolver el dinero a la empresa, que en su momento pagó por unas hanegadas que según la Justicia no existían, por lo que se anuló la contrata. Sin embargo, el colectivo de agricultores advirtió a Best in Spain de su incapacidad para devolver el dinero, ya que lo había gastado bajando las cuotas a los socios, modernizando acequias y pozos y comprando vehículos, entre otras inversiones.
Origen del problema
Ante tal circunstancia, los regantes propusieron la dación en pago con la entrega a la inmobiliaria del solar del Manhattan pero la empresa consideró que no era suficiente y que se habían generado una serie de intereses que crecen a razón de 30.000 euros al mes.
El conflicto se creó en 2006 cuando la compañía Best in Spain compró a la Comunidad de Regantes de Cullera las 34 hanegadas que se suponía que existían en la acequia de la Bega, con una operación que ascendía a más de veinte millones de euros. La compañía cumplió con el primer plazo de pagos pero después llevó a cabo investigaciones para conocer los metros exactos que había en la zona. Según la empresa, descubrió que en el Manhattan había muchas menos hanegadas que las que habían comprado a instancias de la comunidad de regantes, por lo que paralizó los pagos y la problemática llegó en los tribunales. La sentencia del Tribunal Supremo acabó por dar la razón a la mercantil, obligando a los regantes a devolver un importe que no tienen.
