El Ayuntamiento de Cullera ha forzado la limpieza de 126 terrenos agrícolas abandonados para evitar incendios y plagas en el término rural. Cerca del 46 % de las propiedades incluidas en el plan diseñado por la Concejalía de Agricultura han sido acondicionadas a lo largo de seis meses. El resto, hasta alcanzar las 283 parcelas previstas, se abordará en el primer s3emestre de 2016, según anunció ayer el edil Marc Joan.

Los propietarios están obligados a mantener limpias tanto las tierras como las vallas metálicas o vegetales que rodean las parcelas. El hecho de obviar esta obligación, comporta sanciones de hasta 1.500 euros en cumplimiento de la ordenanza del Medio Rural.

De las 283 notificaciones enviadas por el ayuntamiento a los dueños de las parcelas afectadas, 116 han sido acondicionadas por los mismos propietarios mientras que los servicios municipales han actuado en diez casos. La previsión es que este número aumente a medida que vayan llegando las autorizaciones judiciales para intervenir de oficio. La limpieza de 143 parcelas está a la espera de su publicación en los diarios oficiales o bien pendiente de la resolución judicial.

Esta medida, unida a la entrada en funcionamiento del banco de tierras, mediante el cual se ceden terrenos en desuso para su cultivo a cambio del mantenimiento del campo, suponen «un punto de inflexión que pone fin a años de abandono del término como consecuencia de las políticas urbanísticas de especulación impulsadas por los anteriores gobiernos», subraya Joan. De hecho, la reconversión de tierras de cultivo en solares urbanizables aceleró la degradación.

Los reiterados incendios que han afectado este año a muchas parcelas abandonadas así como la voluntad de reactivar la agricultura fueron argumentos valorados por el gobierno local para dar un vuelco a la situación. Además, se ha adquirido la maquinaria necesaria para actuar de oficio.

Pese a que el procedimiento legal resulta costoso por los trámites burocráticos que comporta «la respuesta de los propietarios está siendo muy buena», enfatiza el concejal de Agricultura. Sin embargo, recuerda que «siempre es mejor actuar por voluntad propia y no esperar a las notificaciones municipales o entrar en procesos judiciales». En 2017, ha avanzado, se iniciará la segunda fase del plan de intervención.